La transparencia en Tenerife: portales web ejemplares frente a una alta tasa de silencio administrativo
El Comisionado de Transparencia de Canarias advierte que, pese al alto cumplimiento en portales web, los ayuntamientos de Tenerife mantienen una preocupante falta de respuesta a las solicitudes ciudadanas, con un índice de resolución de reclamaciones de apenas el 14,5%.
La transparencia en la gestión pública de Tenerife presenta una realidad dual: mientras los portales web institucionales exhiben un cumplimiento notable, la capacidad de respuesta real ante las demandas ciudadanas sigue siendo una asignatura pendiente. Según los datos publicados recientemente por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, el sistema de publicidad activa arroja resultados mayoritariamente positivos, aunque este indicador contrasta con la persistencia del silencio administrativo en las corporaciones locales.
El informe revela que, de los 31 ayuntamientos tinerfeños, Icod de los Vinos y Güímar son las únicas administraciones que no alcanzan el aprobado en sus portales de transparencia. En el extremo opuesto, Candelaria, El Sauzal, Los Realejos, Santiago del Teide y el Cabildo de Tenerife han logrado la máxima calificación. No obstante, la comisionada Noelia García Leal ha advertido sobre una desconexión preocupante: la falta de interés de los responsables políticos en las jornadas de formación técnica organizadas por el organismo, donde solo se registró la presencia institucional de El Rosario, Santa Úrsula, Arico y Los Realejos.
El problema de fondo reside en la gestión de las solicitudes de información. Las cifras de 2025 son elocuentes: de las 207 reclamaciones presentadas por la ciudadanía, apenas 30 fueron resueltas, lo que supone un índice de respuesta del 14,5%. Este fenómeno de inacción es especialmente significativo en municipios de gran peso demográfico y presupuestario, como Santa Cruz de Tenerife, Arona y La Laguna, además del propio Cabildo insular. Ante esta situación, el Comisionado plantea una reforma en el sistema de evaluación para que el silencio administrativo compute negativamente en la nota final, evitando así la paradoja de entidades que obtienen un diez en publicidad activa mientras ignoran sistemáticamente las consultas de sus administrados.
La opacidad no se limita a las casas consistoriales. Los organismos dependientes, como el Consorcio Isla Baja o el Patronato del Museo Arqueológico de Puerto de la Cruz, presentan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones. Asimismo, el sector privado que recibe fondos públicos muestra un desempeño deficiente: de las 427 entidades evaluadas, 143 omitieron la presentación de datos y cerca de la mitad no superó los estándares mínimos exigidos. Esta falta de rendición de cuentas sobre el destino de subvenciones y contratos públicos subraya la necesidad de que la transparencia deje de percibirse como un trámite burocrático y se integre como un valor esencial en la gestión de los recursos de todos. Por su parte, el ámbito de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales ha logrado, tras un inicio complejo, superar los umbrales de cumplimiento establecidos por el organismo autonómico.