El Cabildo de Tenerife denuncia el bloqueo de la DGT al servicio de retirada rápida de vehículos en autopistas
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha denunciado un bloqueo administrativo por parte de la DGT que impide la puesta en marcha del servicio de retirada rápida de vehículos accidentados en las autopistas insulares.
La gestión de la movilidad en Tenerife ha vuelto a tensar las relaciones institucionales entre el Cabildo insular y el Ejecutivo central. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, la presidenta de la corporación, Rosa Dávila, ha denunciado públicamente una parálisis administrativa que, a su juicio, está impidiendo la puesta en marcha de un servicio de retirada rápida de vehículos accidentados en las autopistas de la isla.
El núcleo del conflicto reside en la falta de autorización por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) para implementar un sistema de grúas de intervención inmediata. Según la información difundida, el Cabildo inició las gestiones en octubre de 2023, contando inicialmente con el respaldo técnico de la jefatura provincial para identificar los tramos con mayor siniestralidad. Pese a que el compromiso ministerial fijaba el mes de agosto como fecha límite para el despliegue operativo tanto en Tenerife como en Gran Canaria, el proyecto permanece bloqueado sin una resolución formal que justifique la demora.
Desde la presidencia insular se ha interpretado este silencio administrativo como un posible sabotaje político. Dávila ha sugerido que el PSOE, formación que lidera la oposición en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, podría estar ejerciendo una influencia indirecta para obstaculizar medidas que dependen de la administración estatal. Esta acusación de "abandono sistemático" se enmarca en una queja más amplia sobre la falta de coordinación entre las distintas administraciones cuando las soluciones requieren el visto bueno de Madrid.
Desde una perspectiva técnica, la medida no se presenta como una solución estructural a los problemas de tráfico de la isla, sino como un mecanismo de mitigación. El objetivo es reducir el impacto de los alcances leves, incidentes que, aunque carecen de gravedad, generan un efecto dominó en la fluidez circulatoria de las vías principales. La frustración expresada por el Cabildo subraya la complejidad de la gobernanza en las islas, donde la gestión de las infraestructuras críticas depende de una arquitectura competencial compartida que, en este caso, parece haber entrado en una fase de bloqueo institucional. Por el momento, la DGT no ha emitido una respuesta pública que aclare las razones técnicas o administrativas que mantienen en suspenso la operatividad de este servicio.