El sector industrial de Tenerife se moviliza ante la incertidumbre regulatoria en el puerto de Granadilla
El sector industrial de Tenerife se manifiesta ante la Presidencia del Gobierno de Canarias para exigir seguridad jurídica y evitar la pérdida de proyectos estratégicos en el puerto de Granadilla tras la salida del buque Petrojarl I.
La incertidumbre regulatoria en torno a las operaciones de gran calado en el puerto de Granadilla ha encendido las alarmas del sector industrial tinerfeño. Tal y como han trasladado diversos colectivos de trabajadores, la inminente salida del buque FPSO Petrojarl I —una unidad de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos— tras el vencimiento de su autorización administrativa, ha cristalizado un malestar latente sobre la capacidad de la isla para retener proyectos de alta complejidad técnica. Ante esta situación, el personal vinculado a la actividad portuaria ha convocado una concentración este martes, entre las 12:00 y las 14:00 horas, frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de exigir un marco de seguridad jurídica que favorezca la competitividad industrial.
El conflicto trasciende la mera reparación naval. La naturaleza del Petrojarl I, un activo offshore que requiere una coordinación multidisciplinar —desde la ingeniería y la mecánica hasta la logística y el cumplimiento de normativas internacionales—, sitúa a Tenerife ante una encrucijada estratégica. Los trabajadores advierten que la marcha de este proyecto no solo supone la pérdida de una carga de trabajo inmediata, sino que proyecta una imagen de inestabilidad que podría disuadir a futuros operadores internacionales. En un mercado global donde los puertos del Atlántico compiten por atraer servicios de mantenimiento para plataformas de energía eólica marina y extracción de crudo, la falta de criterios claros por parte de las administraciones públicas es percibida por el sector como un lastre para el desarrollo económico.
El impacto de este tipo de operaciones industriales es, según los convocantes, un motor de arrastre para el tejido empresarial auxiliar de la isla. La cadena de valor que se activa con la presencia de un buque de estas características abarca desde talleres especializados y servicios de transporte hasta el sector servicios, incluyendo la restauración y el alojamiento. Por ello, la reivindicación central de la protesta no se limita a la continuidad de un contrato específico, sino a la necesidad de una política portuaria que apueste por la especialización. Los manifestantes insisten en que Tenerife dispone de las infraestructuras necesarias para liderar este nicho de mercado, siempre que se garantice un entorno normativo que permita a las empresas operar en condiciones de igualdad frente a otros competidores internacionales.
La movilización, planteada como una llamada de atención a las autoridades competentes, subraya la urgencia de definir una estrategia que armonice la actividad industrial con los estándares de seguridad y medioambientales exigidos. Para el colectivo, la pérdida de este proyecto técnico sería un retroceso en la aspiración de la isla de consolidarse como un nodo logístico y de reparación de referencia en el sector offshore, un ámbito donde la planificación a largo plazo y la fiabilidad regulatoria son, en última instancia, los factores que deciden la adjudicación de las inversiones.