La Policía Canaria refuerza la vigilancia en las pistas forestales de Tenerife para proteger el medio natural
La Policía Canaria ha reforzado la vigilancia en las pistas forestales de Tenerife para sancionar el tránsito irregular de vehículos a motor y proteger los ecosistemas insulares frente al impacto antrópico y el riesgo de incendios.
La preservación de los ecosistemas insulares ha motivado un refuerzo en la vigilancia de las áreas forestales de Tenerife, una medida que, según ha comunicado el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), responde a la necesidad de contener el impacto antrópico sobre el medio natural. Este despliegue, ejecutado por el Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural, pone el foco en la fiscalización de motocicletas, quads, bicicletas y todoterrenos que transitan por la red de pistas de la isla.
El trasfondo de esta intervención policial radica en la vulnerabilidad de los espacios protegidos, donde el uso no regulado de vehículos a motor acelera procesos de degradación del suelo y altera los ciclos biológicos de la fauna autóctona. Más allá del daño ecológico, las autoridades insulares subrayan que el tránsito descontrolado incrementa la exposición a riesgos críticos, como la posibilidad de incendios forestales o la obstrucción de vías de acceso esenciales para los servicios de emergencia en caso de siniestro.
El operativo, que combina una vertiente preventiva con una capacidad sancionadora, tiene como objetivo verificar que los usuarios se ciñan estrictamente a los itinerarios permitidos y posean las autorizaciones administrativas exigidas por el Cabildo de Tenerife. La normativa vigente es taxativa al respecto: el incumplimiento de las restricciones de acceso a las pistas forestales no solo contraviene la gestión del patrimonio natural del archipiélago, sino que conlleva la imposición de multas de cuantía considerable. Con esta acción, el cuerpo autonómico busca disuadir las conductas que comprometen la integridad de un entorno cuya gestión recreativa y de seguridad depende, en última instancia, del respeto a las limitaciones de circulación impuestas por la administración insular.