El Supremo confirma 6 años y 1,7 millones a banda de estafadores en Tenerife.
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de seis años de cárcel y el pago de más de 2,5 millones de euros para seis cabecillas de una banda que estafó a miles de personas desde Tenerife entre 2019 y 2021 mediante un sofisticado sistema de phishing y duplicación de SIM.
Entre mayo de 2019 y mayo de 2021, durante dos años, una banda criminal operó desde el sur de Tenerife, específicamente en Arona. Su actividad era constante, organizada y muy especializada. No eran robos al azar, sino una red dedicada a estafar a miles de personas. Finalmente, los cabecillas de esta organización fueron detenidos, encarcelados y juzgados por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Las pruebas en su contra eran tan contundentes que decidieron pactar con la Fiscalía. Aceptaron los cargos a cambio de una pena menor a la que se pedía inicialmente. Los seis implicados fueron condenados a seis años de cárcel y a pagar 1,7 millones de euros: cuatro años por estafa y dos por pertenecer a una organización criminal.
El tribunal explicó que la banda era una estructura sólida, con una jerarquía clara y tareas bien definidas. Su único fin era conseguir dinero a través de transferencias bancarias no autorizadas y luego hacerlo desaparecer para que no se pudiera rastrear.
La organización funcionaba por niveles. Arriba estaban los acusados, quienes coordinaban todo y tomaban las decisiones. Abajo, había hackers que buscaban víctimas y una gran red de más de 114 personas que prestaban sus cuentas bancarias. Estas personas, conocidas como "mulas bancarias" en el argot policial, sabían que el dinero era ilegal. Su función era recibir los fondos estafados sin levantar sospechas inmediatas, facilitando luego que se retirara en efectivo o se enviara a otros sitios.
El engaño solía empezar siempre igual: la víctima recibía un SMS que parecía de su banco, avisando de un problema de seguridad o de un acceso raro. El mensaje incluía un enlace. Al pincharlo, el usuario entraba en una página web falsa, idéntica a la del banco, donde metía sus datos. A veces, la estafa se completaba con una llamada de un supuesto gestor que pedía un código de verificación del banco. Con toda esa información, la banda entraba en la banca online de la víctima y hacía transferencias sin su permiso.
Para asegurarse de que la operación saliera bien, el grupo duplicaba las tarjetas SIM. Al activar una segunda tarjeta con el número de la víctima, la línea original dejaba de funcionar. Así, ellos recibían los mensajes de confirmación de las operaciones bancarias. Mientras tanto, el dueño del teléfono solo notaba que se había quedado sin cobertura.
Una vez hecha la transferencia, el dinero empezaba un viaje complicado. Pasaba por las cuentas de las "mulas", se dividía en muchos envíos, se sacaba de cajeros o se convertía en criptomonedas usando plataformas de intercambio. La sentencia detalla cómo usaban "exchanges", billeteras digitales y "monederos fríos" (como los ledger), que son fáciles de llevar y difíciles de seguir. Parte de este dinero se enviaba fuera de España, sobre todo a Italia, donde había otros miembros de la banda que no pudieron ser identificados durante la investigación.
La descripción de los hechos fue muy completa: incluía fechas, cantidades, números de cuenta, operaciones que salieron bien o mal, retiradas de efectivo y compras de criptomonedas. De este análisis minucioso se obtuvo la primera cifra importante del caso: 1,70 millones de euros. Esta es la cantidad de dinero que la banda estafó directamente, el que salió de las cuentas de las víctimas, tanto españolas como italianas, por culpa del engaño.
Pero el caso no terminó ahí. La Audiencia Provincial también se ocupó de la responsabilidad civil, es decir, de cómo compensar a los afectados. No bastaba con saber cuánto se había estafado, había que reparar el daño a todas las víctimas. Para ello, se sumaron las cantidades individuales de muchas personas, operaciones concretas como la que sufrió una empresa al manipular su cuenta en una plataforma de comercio electrónico, y los intereses legales. El resultado fue una indemnización total de más de 2,53 millones de euros. Estas dos cifras (1,7 millones y 2,53 millones) representan cosas distintas: la primera es el dinero directamente estafado, y la segunda es el coste total para reparar todo el daño causado.
Dada la exhaustiva presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, los acusados decidieron aceptar un acuerdo. Reconocieron los hechos, la calificación legal y las penas: cuatro años de cárcel por estafa continuada agravada y dos años por pertenecer a una organización criminal, además de multas individuales según su implicación. Aunque hubo un acuerdo, la sentencia podía apelarse, y así lo hicieron las defensas de los seis condenados. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó la sentencia en todos sus puntos.
Los condenados llevaron su caso al Tribunal Supremo. No discutieron los hechos ni las cifras económicas, ya que estos puntos estaban cerrados por el acuerdo previo. Su recurso se centró en cuestiones legales: si el procedimiento fue correcto, si su consentimiento al acuerdo fue válido y si se había violado su derecho a una tutela judicial efectiva. También se debatió, desde un punto de vista legal, el alcance de la indemnización civil.
Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó todos los argumentos del recurso. Confirmó que el acuerdo se había alcanzado libremente, que no hubo indefensión y que tanto las penas como la indemnización se ajustaban a la ley.