Tenerife y la DGT sellan una alianza para descongestionar las autopistas y proteger espacios naturales
El Cabildo de Tenerife y la DGT han sellado una alianza estratégica para mejorar la movilidad insular mediante la retirada inmediata de vehículos accidentados, una mayor vigilancia en la TF-5 y la regulación del acceso a espacios naturales protegidos.
La gestión de la movilidad en Tenerife afronta un cambio de paradigma tras el reciente encuentro en Madrid entre la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro. Según ha trascendido de fuentes institucionales, ambas administraciones han sellado una alianza técnica destinada a mitigar la asfixia circulatoria que padecen las principales arterias de la isla, un problema estructural que ha condicionado la economía y la calidad de vida de los residentes durante años.
El eje central de esta hoja de ruta es la puesta en marcha de un servicio de retirada inmediata de vehículos siniestrados. Este sistema, que comenzará a operar en los próximos meses mediante un protocolo de actuación conjunta, busca eliminar los cuellos de botella que se generan tras cualquier percance en las autopistas, donde la demora en la retirada de los restos de un accidente suele multiplicar los tiempos de espera para los usuarios. Esta medida se complementará con una vigilancia intensiva en la TF-5, donde se monitorizará un tramo superior a los 20 kilómetros en el sector norte de la isla. La supervisión se centralizará en las instalaciones del Cabildo, integrando la capacidad operativa de la DGT para optimizar la fluidez en una vía que registra niveles de saturación extremos.
Más allá de la red viaria principal, el acuerdo pone el foco en la preservación de enclaves de alto valor ecológico. La regulación del acceso a espacios como Anaga o Masca se perfila como una prioridad, con el objetivo de restringir el flujo de vehículos de alquiler y autobuses de gran tonelaje. Esta intervención, que requerirá una estrecha coordinación con la Guardia Civil y las administraciones locales, responde a la necesidad de equilibrar la presión turística con la capacidad de carga de estos entornos protegidos.
Desde la perspectiva de la planificación insular, este pacto no se entiende como una solución aislada, sino como un complemento a la expansión de la capacidad viaria —como la ejecución de los terceros carriles— y al fomento del transporte colectivo. La colaboración con el organismo estatal se presenta, por tanto, como una herramienta indispensable para gestionar la demanda de movilidad en un territorio con una orografía compleja y una densidad de vehículos por habitante que se sitúa entre las más elevadas del país. La efectividad de estas medidas dependerá, en última instancia, de la agilidad con la que se formalicen los protocolos administrativos y de la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en el terreno.