Cámaras protegen Reloj de Flores y Charca de Las Ranas en Santa Cruz.

Santa Cruz de Tenerife ha dado un paso significativo en la protección de su patrimonio histórico y natural con la implementación de un sistema de videovigilancia avanzado en el emblemático parque García Sanabria. La medida, que afecta específicamente al Reloj de Flores y a la charca de Las Ranas, busca abordar problemáticas recurrentes de seguridad ciudadana y conservación ambiental, según ha trascendido.

La instalación de estos dispositivos, autorizada por la Subdelegación del Gobierno, representa una estrategia del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de su área de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, para disuadir actos incívicos y delictivos. El sistema operará de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, durante todo el año.

Uno de los elementos distintivos de esta iniciativa es la incorporación de un sistema de audio que alertará a cualquier persona que acceda sin autorización a estas zonas protegidas, informándole de que está siendo grabada y de la posible notificación a las autoridades si no abandona el área. Cuatro cámaras panorámicas se han dispuesto para cubrir el perímetro de los espacios vigilados.

La decisión responde a la necesidad de frenar el deterioro de estos puntos clave del parque. En el Reloj de Flores, los actos vandálicos han provocado daños en las manecillas, generando un coste de reparación anual estimado entre 3.500 y 5.000 euros. Por otro lado, la charca de Las Ranas ha sido escenario del abandono de especies exóticas como pirañas, tortugas, peces tropicales y cangrejos de río, que representan una amenaza considerable para la flora y fauna autóctona. La Fundación Neotrópico, centro de conservación de especies exóticas en Canarias, elaboró un informe que subrayó este peligro, sirviendo de base para la autorización de la Subdelegación.

En cuanto a la gestión de los datos, las grabaciones capturadas por el sistema se pondrán a disposición policial en caso de registrar hechos que pudieran constituir delitos graves o muy graves, iniciando así los procedimientos sancionadores pertinentes. No obstante, si las imágenes no estuvieran relacionadas con una investigación oficial o un proceso judicial o administrativo en curso, serán destruidas en un plazo de 28 días, en cumplimiento de la normativa de protección de datos.

La inversión para la instalación de estas cámaras asciende a 13.000 euros, si bien el concejal del área, Carlos Tarife, ha señalado que el proceso burocrático para su puesta en marcha ha sido el aspecto más complejo. Esta medida subraya el compromiso de la capital tinerfeña con la salvaguarda de su patrimonio histórico y natural.