Santa Cruz concentra el 75% de las indemnizaciones por inundaciones en Tenerife desde 1996
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife actualiza sus mapas de riesgo tras confirmar que Santa Cruz concentra el 75 % de las indemnizaciones por inundaciones en la isla, priorizando la vigilancia en cauces críticos ante la creciente inestabilidad climática.
La gestión del riesgo hídrico en Tenerife se enfrenta a un cambio de paradigma tras la reciente actualización de los mapas de peligrosidad elaborados por el Consejo Insular de Aguas (Ciatf). Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros analizados por el organismo insular, la capital tinerfeña concentra el 75 % de las indemnizaciones abonadas en la isla por siniestros derivados de inundaciones entre 1996 y 2024. Este volumen económico, que asciende a cifras millonarias, pone de manifiesto la vulnerabilidad estructural de un territorio donde la interacción entre el urbanismo y los cauces naturales ha condicionado históricamente la respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos.
El análisis técnico subraya que dos cauces, Almeyda y Tahodio, aglutinan por sí solos 117 millones de euros en compensaciones, lo que representa dos de cada tres euros pagados por el Consorcio en toda la isla. No obstante, el Ciatf ha diferenciado la naturaleza de este riesgo. Mientras que el barranco de Almeyda ha sido catalogado como zona de vigilancia prioritaria —debido a la ocupación física de su cauce por edificaciones y su canalización urbana—, el de Tahodio ha quedado excluido de las 27 áreas fluviales de riesgo. Esta distinción responde a un criterio técnico preciso: en Tahodio, los daños no derivan de un desbordamiento del cauce, sino de la insuficiencia de la red de saneamiento municipal para evacuar el agua en episodios de precipitaciones intensas.
La radiografía de la siniestralidad en Santa Cruz se completa con otros puntos críticos, como los barrancos de Santos, del Hierro y del Muerto, que suman conjuntamente más de 36 millones de euros en daños históricos. Fuera del ámbito capitalino, el mapa de riesgo se diversifica hacia el sur de la isla, con especial incidencia en Arona y Adeje. En estos municipios, cauces como Aquilino, La Carnada y Torviscas presentan una exposición económica relevante, con indemnizaciones que superan los dos millones de euros en cada caso, lo que obliga a las autoridades a intensificar las medidas de prevención en estas cuencas.
Esta planificación estratégica cobra especial relevancia ante la recurrencia de fenómenos extremos que han marcado la última década. Desde las lluvias de 2018 hasta los efectos de las borrascas Claudia (2025) y Therese (2026), la isla ha experimentado una sucesión de emergencias que han puesto a prueba la resiliencia de las infraestructuras. La emergencia declarada en marzo de 2026, con más de 230 incidencias registradas solo en la capital, ilustra la urgencia de integrar estos datos en la ordenación del territorio.
El tercer ciclo de planificación hidrológica no solo busca cuantificar el impacto económico de las riadas, sino establecer una hoja de ruta para la próxima media década. La integración de la memoria histórica de los daños con la modelización de los cauces pretende anticipar los efectos de un clima cada vez más inestable, donde la prevención y la vigilancia de las zonas con mayor densidad de población expuesta se erigen como los pilares fundamentales para mitigar el impacto de futuras avenidas.