Denuncian una crisis ecológica por vertederos incontrolados en San Juan de la Rambla

La proliferación de vertederos incontrolados en suelo rústico vuelve a poner en el foco la gestión de residuos en el norte de Tenerife. Según ha trascendido a través de la denuncia pública formulada por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, la zona de Cabeza Guanche se ha convertido en el epicentro de una crisis ecológica que ha movilizado a la oposición local contra el tripartito que ostenta el poder municipal, integrado por Coalición Canaria, Sí se puede y el Partido Popular.

El núcleo de la controversia reside en la degradación de un espacio natural caracterizado por la presencia de vegetación protegida, un entorno que, según los socialistas, está sufriendo el impacto directo de la filtración de lixiviados. La portavoz del grupo, Gloria Méndez, ha subrayado que el volumen de desechos depositados en el área ha experimentado un incremento exponencial en los últimos días, una situación que el exalcalde y actual concejal Ezequiel Domínguez ha calificado de negligencia administrativa, señalando directamente a la inacción del equipo de gobierno local.

Resulta paradójico que este foco de contaminación se sitúe en las inmediaciones del Complejo Ambiental de Tenerife (PIRS), la infraestructura insular de referencia para el tratamiento de residuos. Esta proximidad geográfica es, precisamente, uno de los argumentos centrales de la crítica socialista, que cuestiona la falta de operatividad y vigilancia en un municipio que cuenta con los recursos técnicos necesarios a escasos metros.

Ante la gravedad de los hechos, la formación ha solicitado formalmente la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y de los agentes medioambientales del Cabildo de Tenerife. La pretensión de la oposición es doble: por un lado, que se realice una auditoría técnica sobre el terreno para cuantificar el daño ecológico y, por otro, que se depuren responsabilidades mediante la aplicación de las medidas cautelares o sanciones que la normativa ambiental vigente estipula para este tipo de infracciones.

Este episodio se enmarca en un contexto de creciente presión sobre las administraciones locales en Canarias para garantizar la integridad de los espacios protegidos frente a la gestión deficiente de los residuos sólidos. La exigencia de una actuación inmediata por parte de las autoridades insulares y regionales subraya la urgencia de frenar un deterioro que, de prolongarse, podría derivar en daños irreversibles para la biodiversidad de la zona.