Tenerife retoma el transporte a la demanda tras modificar bases.

El proyecto de transporte a la demanda en cinco zonas de las medianías de Tenerife vuelve a ponerse en marcha. El proceso se había paralizado porque el Tribunal de Contratación tuvo que resolver unas quejas (alegaciones) que se habían presentado.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha anunciado que pronto se publicarán las nuevas bases del concurso, que ya están aprobadas. Esto ha sido posible tras corregir los puntos que motivaron el recurso de una empresa.

García Silva explicó que la licitación se suspendió "a finales de agosto o principios de septiembre". Aclaró que es un proceso público y que todos los implicados, incluidos los ayuntamientos, estaban al tanto. La consejera restó importancia al asunto, señalando que "es normal que se presenten recursos a algunas licitaciones". En este caso, hubo tres recursos de dos tipos diferentes.

Por un lado, dos taxistas presentaron quejas muy similares, casi idénticas, relacionadas con el transporte en Icod de los Vinos. Sus principales preocupaciones eran el límite de antigüedad máxima para los vehículos que prestarían el servicio y la posibilidad de que coches tipo Uber pudieran participar, lo que, según ellos, les causaría perjuicios.

La principal preocupación del Cabildo se centró en la alegación presentada por una de las empresas, que afectaba a la plataforma logística. Eulalia García explicó que les inquietaba que pudiera haber una contradicción entre las bases del concurso y un informe, y que esto pudiera afectar seriamente la adjudicación del contrato. Movilidad está a la espera de que el Tribunal de Contratación publique la resolución definitiva, que desestima las quejas de los taxistas, pero acepta la de la empresa tecnológica.

El recurso de la empresa señalaba que las bases iniciales contenían una "contradicción sustancial que comprometía gravemente la validez jurídica". El problema se centraba en la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para las empresas. La empresa recurrente argumentaba que no quedaba claro si este era un "requisito obligatorio de solvencia técnica". Las soluciones propuestas para esta ambigüedad y el posible riesgo para la protección de datos, que aparecían en el informe técnico, eran "alternativas supletorias" poco definidas.

El argumento principal del recurso era que este requisito iba en contra del principio de libre competencia. La consejera explicó que, tras un estudio de mercado, se dieron cuenta de que, al publicar la licitación, no había empresas que cumplieran con el nivel medio de este certificado ENS. Puso como ejemplo que Titsa, una empresa pública del Cabildo, lo tiene, pero no se dedica a desarrollar plataformas tecnológicas, y en ese momento, ninguna empresa tecnológica estaba certificada en ese nivel medio. García detalló que el informe del servicio de Informática, con el asesoramiento de Contratación, planteaba medidas alternativas y flexibles, pero "existía la duda de que podía afectar y retrasar muchísimo más la licitación. Por eso decidimos suspenderla".

Ahora, las nuevas bases modifican la exigencia de que las empresas cuenten con el certificado ENS de nivel medio. La licitación "se va a retomar y a seguir adelante" y se publicará, ya que los informes jurídicos confirman que esta modificación no afecta ni al coste económico ni al resto de las condiciones.

El coste total de ejecución de este proyecto es de 10 millones de euros. El concurso para la redacción del proyecto de transporte público a la demanda se convocará por 2,4 millones de euros. Este servicio se prestará en cinco zonas de Tenerife, cada una de ellas será objeto de una licitación independiente: Isla Baja, Tacoronte-El Sauzal-La Matanza, Santa Úrsula-La Victoria, Arafo-Güímar y La Guancha-San Juan de la Rambla. El sexto lote, que fue el motivo de la principal reclamación, corresponde a los servicios tecnológicos, de coordinación y atención al usuario, funcionando como una centralita telefónica o "call center".