Polémica en Güímar por la instalación de estructuras de hormigón en el Puertito
La instalación de estructuras de hormigón en el Puertito de Güímar ha desatado una crisis política ante las dudas de la oposición sobre la transparencia, el coste y la seguridad de esta intervención en la vía pública.
La gestión del espacio público en el Puertito de Güímar ha derivado en una crisis política de primer orden, tal y como ha informado recientemente la prensa local. La colocación de 28 estructuras de hormigón, originalmente diseñadas para el saneamiento urbano y reconvertidas en maceteros, ha suscitado un intenso debate sobre la transparencia administrativa y la seguridad ciudadana en el municipio tinerfeño.
La oposición, conformada por Coalición Canaria, PSOE y Unidas Podemos, ha cuestionado la legalidad del procedimiento de contratación y la idoneidad técnica de esta intervención. En este sentido, el grupo socialista ha formalizado una batería de preguntas ante el consistorio que lidera Carmen Luisa Castro (PP), exigiendo conocer el coste real de los elementos, el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y la existencia de informes que garanticen la accesibilidad para vehículos de emergencia. Por su parte, la formación Unidas Si Podemos ha subrayado la naturaleza comunitaria del entorno, advirtiendo que la administración local debe justificar cualquier alteración en la vía pública.
Desde el área de Obras y Jardines, el concejal José Miguel Hernández ha justificado la medida como una solución de ahorro ante el deterioro constante de las pilonas que anteriormente delimitaban el tránsito. Según el edil, la sustitución por estas piezas de hormigón ha permitido optimizar el espacio y mejorar la estética del entorno. Respecto a las dudas sobre la seguridad, el responsable municipal ha negado que las estructuras obstaculicen el paso de ambulancias, asegurando que su ubicación retranqueada permite la maniobrabilidad necesaria, una observación que, según sostiene, ha verificado sobre el terreno.
La falta de concreción sobre el presupuesto y las bases técnicas de la actuación ha generado incertidumbre. Fuentes de la Concejalía han admitido no disponer de los detalles económicos exactos, aunque han avanzado que, a su juicio, el importe no alcanzaría el límite legal que exige una licitación pública abierta. Esta gestión se produce en un momento de transición interna en el departamento, que actualmente es supervisado de forma compartida por la alcaldía y el concejal del área, tras la dimisión hace cuatro meses del anterior responsable, Francisco Armas. La controversia pone de manifiesto la tensión existente entre la búsqueda de soluciones de mantenimiento a bajo coste y la necesidad de garantizar la seguridad y la transparencia en la gestión de los bienes comunes.