El Cabildo de Tenerife impulsa una reforma legal para blindar la gestión privada de las aguas subterráneas ante la crisis de suministro
El Cabildo de Tenerife impulsa una reforma de la Ley de Aguas de Canarias para prorrogar las concesiones de explotación de galerías y pozos, buscando garantizar la seguridad hídrica y fomentar la inversión privada ante la incertidumbre jurídica que plantea el horizonte de 2040.
La seguridad hídrica de Tenerife se ha convertido en el eje de un intenso debate político y económico que cuestiona la vigencia del modelo de gestión de aguas subterráneas instaurado hace más de tres décadas. Tal y como recoge el diario El Día, el Cabildo insular, respaldado por la patronal CEOE y organizaciones agrarias como Asaga, ha iniciado los trámites para reformar la Ley de Aguas de Canarias de 1990, con el objetivo de prorrogar las autorizaciones de explotación que actualmente ostentan las comunidades de aguas.
El núcleo de la controversia reside en la fecha límite de 2040, momento en el que, según la normativa vigente, la titularidad y gestión de las galerías y pozos —que hoy suministran el 70% del agua consumida en la isla— deberían revertir al sector público. Esta transición, lejos de ser vista como una solución, es percibida por los agentes económicos y el gobierno insular como un factor de inestabilidad que ya está provocando el abandono prematuro de infraestructuras. La preocupación es compartida por operadores del ciclo integral del agua, como Canaragua y Tagua, quienes advierten que la incertidumbre jurídica desincentiva la inversión privada necesaria para mantener un sistema que, históricamente, ha sido el pilar del abastecimiento tinerfeño.
Desde la corporación insular, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha subrayado la urgencia de esta modificación legislativa, argumentando que la isla no puede prescindir de su red de galerías y pozos. La propuesta busca blindar la continuidad de estas entidades privadas, integrándolas en una estrategia más amplia que contempla una inversión superior a los 500 millones de euros. Este plan, diseñado para evitar una crisis de suministro, se articula sobre cuatro pilares: la expansión de la desalación mediante energías renovables, la optimización de la depuración para fomentar la reutilización, la mejora de las redes de saneamiento y el mantenimiento de las captaciones subterráneas.
El sector primario, por su parte, ha querido desmitificar la figura de las comunidades de aguas, recordando que su propiedad está atomizada entre miles de agricultores y ganaderos, e incluso ayuntamientos, desmintiendo así la narrativa de una gestión concentrada en manos de unos pocos. Mientras el Cabildo proyecta elevar la producción hídrica anual de los 196.000 millones de litros actuales a 217.000 millones para 2033 —superando así la demanda prevista—, las empresas del sector insisten en que el éxito de esta hoja de ruta dependerá de la agilidad administrativa y de una colaboración público-privada que premie la eficiencia y la sostenibilidad.
La realidad técnica, marcada por un descenso constante en la producción de las 589 galerías y 180 pozos activos frente al pico histórico de 1965, obliga a las administraciones a buscar un equilibrio entre la seguridad jurídica de los operadores actuales y la necesaria modernización de las infraestructuras. En este escenario, la reforma de la ley autonómica se perfila no solo como una cuestión técnica, sino como una decisión estratégica para garantizar que el tejido productivo y la población de Tenerife dispongan de recursos suficientes en las próximas décadas.