El TSJC tumba la Declaración de Impacto Ambiental del Circuito del Motor de Tenerife
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del Parque Internacional del Motor de Tenerife, asestando un golpe judicial definitivo a la viabilidad actual del proyecto.
La viabilidad del Parque Internacional del Motor de Tenerife ha recibido un golpe judicial definitivo. Tal y como ha trascendido a través de las informaciones publicadas recientemente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por el Cabildo insular, ratificando así la pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que amparaba el proyecto en Granadilla de Abona.
Esta resolución judicial confirma el criterio establecido previamente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife. El núcleo del litigio, impulsado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), se centraba en la caducidad administrativa del permiso ambiental original, concedido en 2011. La justicia ha validado la tesis de la parte demandante, al considerar que la inactividad prolongada durante más de una década en la ejecución de las obras invalida el marco legal bajo el cual se pretendía desarrollar la infraestructura.
Más allá de este fallo concreto, el futuro del circuito sigue supeditado a otros tres frentes judiciales abiertos ante el mismo tribunal superior. Estos procedimientos pendientes abarcan cuestiones técnicas y administrativas de gran calado, como la adecuación de los accesos en la zona norte, la necesaria adaptación del proyecto a los planes de protección frente a avenidas y diversas alteraciones planteadas sobre el trazado de velocidad.
Desde la perspectiva de la organización ecologista, este desenlace no solo representa un triunfo en el ámbito administrativo, sino que refuerza su postura crítica sobre la gestión de los recursos públicos y el modelo de desarrollo insular. ATAN ha insistido en que la persistencia en este proyecto, enmarcado en un contexto de fragilidad ecológica, supone un riesgo para la preservación de los valores naturales de la isla, además de cuestionar la prudencia financiera de mantener una inversión de esta envergadura ante la incertidumbre jurídica que rodea a la obra desde hace años.