El TSJC ratifica la caducidad de la declaración ambiental del Circuito del Motor de Tenerife
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del Circuito del Motor de Tenerife, comprometiendo la viabilidad jurídica del proyecto ante la falta de ejecución de las obras.
La viabilidad jurídica del Circuito del Motor de Tenerife se encuentra en un punto de inflexión tras un nuevo revés judicial. Según ha comunicado la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado, mediante una resolución fechada el pasado 10 de junio, la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que amparaba el proyecto de adaptación del recinto a los planes de defensa contra avenidas. Este fallo desestima el recurso de apelación presentado por el Cabildo insular, consolidando una línea jurisprudencial que ya suma dos sentencias de la sala superior y tres resoluciones previas en primera instancia, todas ellas cuestionando la cobertura legal de la infraestructura.
El núcleo del conflicto reside en la vigencia de la autorización ambiental, otorgada originalmente en 2011. Dicho documento establecía un periodo de cinco años para el inicio efectivo de las obras, condición que, a juicio de los magistrados, no se ha cumplido. Mientras la corporación insular intentó acreditar el comienzo de los trabajos mediante un acta de replanteo suscrita en agosto de 2016, la realidad técnica descrita por la propia administración en años posteriores ha desmentido esta tesis. Informes internos del Cabildo, datados en noviembre de 2022, certificaban un grado de ejecución material del 0,0%, una cifra que coincide con la propuesta de resolución contractual formulada en 2017 por el Servicio Técnico de Innovación, donde se aludía explícitamente al abandono de las instalaciones.
Para los colectivos conservacionistas, esta reiteración judicial sitúa al proyecto en una posición de extrema fragilidad. ATAN ha anunciado su intención de solicitar la paralización cautelar de cualquier actividad en la zona, argumentando que continuar con la obra supondría ignorar el criterio de los tribunales. Asimismo, la asociación ha cuestionado la coherencia política de la actual presidencia del Cabildo, encabezada por Rosa Dávila, al contrastar el respaldo institucional al circuito con la reciente cancelación de otras iniciativas, como el proyecto Underwater Gardens en Guía de Isora, bajo criterios de protección ambiental.
Desde una perspectiva administrativa, la caducidad de una DIA no es un mero trámite formal, sino una barrera infranqueable que obliga al promotor a reiniciar el proceso de evaluación ambiental conforme a la normativa vigente, mucho más exigente que la de hace más de una década. Ante la posibilidad de que el Cabildo interponga un recurso de casación, la entidad ecologista ha advertido sobre el uso de fondos públicos para prolongar un litigio que, hasta la fecha, ha resultado sistemáticamente adverso a los intereses de la institución. La resolución del TSJC, por tanto, no solo pone en duda el futuro del trazado, sino que abre un debate sobre la gestión de los recursos públicos en proyectos cuya tramitación ambiental ha quedado desfasada por el paso del tiempo y la inactividad.