La caducidad ambiental frena de nuevo el proyecto del Circuito del Motor de Tenerife

La caducidad ambiental frena de nuevo el proyecto del Circuito del Motor de Tenerife

Recurso: Diario de Avisos

El Cabildo de Tenerife se encuentra a la espera de dictámenes jurídicos para definir el futuro del Circuito del Motor tras la caducidad judicial de su tramitación ambiental.

La incertidumbre administrativa vuelve a rodear al proyecto del Circuito del Motor de Tenerife tras la reciente confirmación judicial sobre la caducidad de su tramitación ambiental. Tal y como ha trascendido durante la última sesión plenaria del Cabildo insular, la corporación se encuentra actualmente supeditada a la emisión de dictámenes jurídicos que determinen el alcance económico de este revés procesal, una información recogida inicialmente por medios locales durante la comparecencia del consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga.

El escenario actual obliga al Ejecutivo insular a replantear la hoja de ruta de una infraestructura que, pese a los obstáculos legales, mantiene su vigencia en el plan territorial de forma indefinida, según la interpretación de los tribunales. Esta circunstancia técnica es la que permite al Cabildo explorar una nueva vía de adecuación ambiental, aunque el proceso exige una cautela extrema para evitar futuras impugnaciones. La administración insular ha evitado, por el momento, cuantificar las pérdidas o los sobrecostes derivados de este reinicio administrativo, priorizando la seguridad jurídica sobre cualquier calendario inmediato.

Por su parte, el grupo Vox, a través de la consejera Ana Salazar, ha instado al equipo de gobierno a abandonar la indefinición. La formación política ha reclamado la elaboración de un cronograma de trabajo realista que permita compatibilizar las exigencias de conservación del entorno con la ejecución de una obra que consideran estratégica para el tejido económico de la isla. La postura de la oposición subraya la necesidad de que la administración aporte la documentación técnica necesaria para desbloquear el proyecto, insistiendo en que el cumplimiento normativo no debe ser un impedimento insalvable para el desarrollo de infraestructuras de gran calado.

Este episodio pone de manifiesto las dificultades recurrentes en la gestión de grandes proyectos públicos en Canarias, donde la colisión entre la planificación territorial y la normativa medioambiental suele derivar en procesos de judicialización prolongados. La capacidad del Cabildo para articular una respuesta técnica que satisfaga los estándares exigidos por la justicia será determinante para esclarecer si el Circuito del Motor puede retomar su curso o si, por el contrario, se enfrenta a un periodo de parálisis prolongada.