Juicio el 25 de mayo en Tenerife para un hombre acusado de intento de homicidio y violencia de género en la TF-1

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo 25 de mayo el juicio contra un hombre de 26 años, acusado de una cadena de delitos que culminó en un intento de homicidio en la autopista TF-1. Según la información adelantada por diversos medios locales, el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena global de 24 años de prisión para el procesado, quien permanece en situación de prisión preventiva desde que ocurrieran los hechos la madrugada del 24 de diciembre de 2023.

El caso, que pone de relieve la peligrosidad de las conductas de control extremo y acoso en el ámbito de la violencia de género, se originó tras un encuentro fortuito en un local de ocio nocturno. El acusado, que mantenía una obsesión persistente con su expareja tras la ruptura de una relación de cuatro años, habría utilizado un dispositivo de geolocalización oculto en el vehículo de la mujer para seguir sus movimientos. Tras interceptar el coche en la vía rápida, el procesado provocó una colisión deliberada que inmovilizó a las víctimas en el arcén.

El relato de la acusación pública detalla una secuencia de extrema violencia. El agresor, armado con un arma blanca, atacó al conductor del vehículo, Carlos Redondo, causándole heridas de gravedad en el abdomen y el hombro que requirieron una intervención quirúrgica urgente y un periodo de hospitalización que incluyó el paso por la Unidad de Cuidados Intensivos. La supervivencia de la víctima fue posible gracias a la intervención providencial de un subinspector de la Policía Nacional fuera de servicio, quien aplicó las maniobras de primeros auxilios necesarias para evitar un desenlace fatal por hemorragia.

Tras el ataque, el procesado forzó a su expareja a subir a su vehículo, iniciando un episodio de detención ilegal y agresiones físicas que se prolongó durante la huida. La mujer, que sufrió diversas lesiones y un severo impacto psicológico, intentó escapar en un momento en que el vehículo redujo la velocidad, aunque fue recapturada por el agresor.

La Fiscalía ha estructurado su petición de condena sumando penas por tentativa de asesinato (15 años), detención ilegal (4 años), amenazas graves (2 años), conducción temeraria y sin permiso (2 años), además de una condena por lesiones en el marco de la violencia de género y una multa por injurias. En el plano de la responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama indemnizaciones que ascienden a 100.000 euros por daños morales para el bailarín y 50.000 euros para la mujer, además de los gastos derivados de las lesiones físicas y los daños materiales en el vehículo.

Este suceso subraya la vulnerabilidad de las víctimas ante el uso de nuevas tecnologías para el seguimiento no consentido, una modalidad de acoso que los tribunales españoles están empezando a tipificar con mayor rigor. La reincidencia del acusado en delitos contra la seguridad vial y su historial de violencia previa añaden complejidad a un proceso que se perfila como uno de los casos más graves de violencia de género registrados en la isla en el último año.