Investigan a Aqualia por un vertido químico en la depuradora de Punta Brava en Tenerife
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha abierto una investigación a la empresa Aqualia tras el vertido de mil litros de cloruro férrico en la depuradora de Punta Brava, en Puerto de la Cruz.
La gestión de las infraestructuras hidráulicas en Tenerife vuelve a estar bajo el foco tras el reciente vertido de mil litros de una disolución de cloruro férrico en la depuradora de Punta Brava, en Puerto de la Cruz. Según adelanta la prensa local, el incidente, ocurrido la noche del pasado sábado, ha desencadenado una crisis de transparencia entre las administraciones insular y municipal, mientras se evalúa el impacto ambiental de una sustancia compuesta en un 75% por agua.
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) ha activado un expediente de investigación contra Aqualia, la empresa concesionaria encargada de la explotación y mantenimiento de la planta. Este procedimiento, fundamentado en el artículo 17 del Reglamento Sancionador en Materia de Aguas, busca esclarecer la trazabilidad del vertido, determinar si el químico alcanzó la red de pluviales o el litoral, y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad. La entidad insular ha otorgado un plazo de 72 horas a la operadora para que presente un informe detallado sobre las circunstancias del suceso y las medidas de contención aplicadas.
La incertidumbre sobre el origen del derrame ha dado pie a diversas hipótesis. Aunque inicialmente la empresa gestora sugirió la posibilidad de un sabotaje, esta línea de investigación permanece abierta sin confirmaciones oficiales, a la espera de que los análisis técnicos arrojen resultados concluyentes. La gravedad del suceso ha provocado que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz exija formalmente al Cabildo —titular de la infraestructura— el acceso a toda la documentación técnica y los informes de seguimiento, subrayando la necesidad de una comunicación veraz ante la disparidad de versiones.
Este episodio se suma a una creciente preocupación política sobre la calidad de las aguas de baño en la isla. El Grupo Socialista en el Cabildo ha cuestionado la gestión de la presidenta insular, Rosa Dávila, contrastando sus recientes declaraciones sobre la excelencia del litoral con la realidad de episodios de contaminación en diversos puntos de la geografía tinerfeña, como Granadilla de Abona y Los Realejos. Para la oposición, la recurrencia de estos cierres de playas invalida la tesis de la excepcionalidad, exigiendo una revisión profunda de la planificación y las inversiones en saneamiento.
La resolución de este expediente no solo determinará las posibles responsabilidades administrativas de Aqualia, sino que también pondrá a prueba la capacidad de respuesta de la administración insular ante una infraestructura crítica. Mientras tanto, la falta de datos definitivos sobre el alcance del vertido mantiene en vilo a la población local, que demanda garantías sobre la seguridad ambiental de una zona ya castigada por la intermitencia en la calidad de sus aguas.