El Cabildo de Tenerife investiga un vertido químico en la planta de Punta Brava y exige explicaciones a Aqualia
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha abierto una investigación a la empresa Aqualia tras el vertido de 1.000 litros de cloruro férrico en la planta de Punta Brava para determinar si se trató de un fallo técnico o un sabotaje.
La gestión de las infraestructuras hidráulicas en Tenerife se encuentra bajo escrutinio tras el incidente registrado en la planta de Punta Brava, en Puerto de la Cruz. Según han reportado medios como RTVC y la agencia EFE, el Consejo Insular de Aguas (CIAT) ha activado un protocolo de investigación reservada para esclarecer la fuga de una sustancia compuesta, presuntamente, por un 25% de cloruro férrico y un 75% de agua, con un volumen estimado de 1.000 litros.
Este suceso pone de relieve la vulnerabilidad de las instalaciones críticas y la responsabilidad de las empresas concesionarias en su custodia. El CIAT, amparándose en el artículo 17 de su normativa sancionadora, ha requerido a Aqualia —entidad encargada de la explotación y mantenimiento del recinto— la entrega de toda la documentación técnica, los registros de seguridad y los informes sobre el cumplimiento de los protocolos ambientales. La prioridad de la administración insular es determinar si el vertido logró filtrarse a la red de pluviales, lo que supondría un riesgo directo para el ecosistema marino, un extremo que todavía no ha sido confirmado debido a la existencia de versiones contradictorias.
La investigación se desarrolla en un clima de incertidumbre, donde la hipótesis de un sabotaje, sugerida por la propia concesionaria, convive con la necesidad de evaluar posibles fallos en la operativa habitual. Esta línea de trabajo, que apunta a una intervención externa en la conducción, está siendo analizada por las autoridades competentes, incluyendo la Policía Local y el Seprona de la Guardia Civil, cuyos efectivos han realizado inspecciones sobre el terreno.
Desde el Cabildo de Tenerife se ha subrayado que, independientemente de la causa final —ya sea un error humano, un fallo técnico o una acción deliberada—, la responsabilidad última de garantizar la integridad de la planta recae sobre Aqualia. La institución insular ha advertido que no emitirá conclusiones definitivas hasta que las diligencias técnicas y el análisis de las muestras recolectadas ofrezcan una radiografía precisa de lo ocurrido. En caso de acreditarse negligencias o incumplimientos en los protocolos de seguridad, el CIAT ha garantizado que se exigirán las responsabilidades pertinentes, además de imponer las medidas correctoras necesarias para evitar que un episodio de esta naturaleza vuelva a comprometer la seguridad ambiental de la zona.