El Cabildo de Tenerife inicia la construcción de 104 viviendas de alquiler social con una inversión de 21 millones
El Cabildo de Tenerife ha iniciado la construcción de 104 viviendas de alquiler social en Los Realejos, Güímar y Granadilla de Abona con una inversión de 21,16 millones de euros para paliar el déficit habitacional en la isla.
El Cabildo de Tenerife ha iniciado formalmente la edificación de sus primeras tres promociones de vivienda pública, un movimiento que, según ha comunicado la propia institución insular, busca paliar el déficit habitacional en la isla mediante la creación de 104 unidades destinadas al alquiler social. Esta intervención, que se articula bajo el marco de colaboración suscrito con el Gobierno de Canarias, supone una inyección económica de 21,16 millones de euros y marca el pistoletazo de salida a una hoja de ruta que la corporación pretende escalar hasta el millar de recursos habitacionales antes de que concluya el presente mandato.
La distribución de los inmuebles se reparte entre Los Realejos, Güímar y Granadilla de Abona, municipios donde ya se han desplegado los primeros trabajos de movimiento de tierras y cimentación. La mayor carga presupuestaria se concentra en Granadilla, con una partida de 9,61 millones de euros para levantar 47 viviendas. Por su parte, la promoción de Los Realejos, que cuenta con una dotación de 6,11 millones de euros para 27 inmuebles, se encuentra actualmente en la fase de contención del terreno mediante micropilotes. Finalmente, en Güímar se invertirán 5,43 millones de euros para la construcción de 30 unidades.
El vicepresidente insular, Lope Afonso, y la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, han supervisado el estado de estas obras, cuyo plazo de ejecución se ha fijado en 18 meses. Más allá de la cifra concreta de viviendas, esta actuación refleja un cambio de paradigma en la gestión del Cabildo, que busca posicionarse como un agente activo en el mercado inmobiliario ante la creciente dificultad de acceso a la vivienda que atraviesa el archipiélago.
Este despliegue de obra pública responde a una necesidad estructural en Canarias, donde la escasez de oferta de vivienda protegida ha tensionado los precios del alquiler en los últimos años. La apuesta del Cabildo por el alquiler social no solo busca ofrecer una alternativa habitacional asequible, sino también actuar como un regulador indirecto en zonas donde la demanda supera ampliamente la capacidad de absorción del mercado privado. La culminación de estos proyectos, prevista para el próximo año y medio, servirá como termómetro para medir la eficacia de la actual estrategia insular frente a una de las problemáticas sociales más acuciantes de la región.