Jueza absuelve a tres acusados de fraude a la Seguridad Social en Tenerife.
Una jueza de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un empresario y a dos mujeres acusados de intentar defraudar a la Seguridad Social con el cobro de bajas, por falta de pruebas que demostraran la falsedad de los contratos.
Una jueza de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un empresario y a las dos mujeres que contrató, quienes estaban acusados de intentar defraudar a la Seguridad Social con el cobro de bajas por enfermedad y maternidad. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Fiscalía creían que los contratos se hicieron solo para que las mujeres pudieran cobrar estas ayudas.
Pedían para el empresario tres años de cárcel, además de prohibirle recibir ayudas públicas o beneficios fiscales de la Seguridad Social durante tres años y pagar una multa de 8.654 euros. Para la empresa del empresario, pedían una multa de 9.100 euros y la misma prohibición de acceder a subvenciones.
Para las dos mujeres, que fueron contratadas con cinco y siete meses de embarazo, se pedía un año y medio de cárcel y que no pudieran cobrar prestaciones durante tres años. Las acusaciones también reclamaban que los tres pagaran juntos 6.314 euros a la Seguridad Social.
La sentencia de este caso se conoció el viernes pasado. Todo empezó en 2017, cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social denunció posibles problemas en una empresa de servicios agrícolas del sur de Tenerife. A principios de abril de ese año, la empresa dio de alta a dos trabajadoras en avanzado estado de gestación. La Inspección de Trabajo pensó que los contratos podían ser falsos y que solo buscaban que las mujeres cotizaran lo suficiente para poder cobrar las ayudas.
El 28 de abril, ambas trabajadoras tramitaron la baja por incapacidad temporal, recibiendo prestaciones de la mutua. Una de las empleadas dio a luz el 19 de mayo y, ese mismo día, la segunda volvió a darse de alta en la Seguridad Social. A comienzos de junio, esta segunda empleada volvió a estar de baja por incapacidad temporal hasta que dio a luz el 21 de julio.
Una vez terminados los periodos de baja por enfermedad de ambas, el empresario tramitó los permisos de maternidad, y las dos mujeres cobraron las ayudas correspondientes.
El abogado Alfonso Delgado, defensor del empresario y la empresa, defendió que los contratos fueron reales y eran legales. Pero, al principio del juicio, el abogado intentó anular el caso por varios motivos, como que la Seguridad Social se había pasado de plazo para acusar, que el proceso no se había seguido bien o que la investigación había durado demasiado. La jueza rechazó todos estos argumentos, diciendo que no todos los errores de forma anulan un proceso.
Sobre el fondo del asunto, la jueza explicó que lo que la Inspección de Trabajo vio como "hechos probados" para empezar la investigación, en realidad "eran solo indicios". Las acusaciones se basaban en esos indicios, pero no se pudo demostrar con seguridad que los contratos fueran falsos ni que las ayudas se consiguieran de forma ilegal.
La jueza recalcó que "los informes de la administración no son prueba suficiente en un juicio penal" y que la investigación no probó que las trabajadoras no hicieran un trabajo real para la empresa.
La defensa, por su parte, presentó documentos que demostraban que la empresa tenía fincas agrícolas alquiladas desde 2015 y 2016, y certificados de cotización que confirmaban su actividad.
Finalmente, la jueza señaló que todo el dinero que se había cobrado de forma indebida ya había sido recuperado por la Seguridad Social y la mutua, gracias a embargos en las cuentas de las mujeres. Esto significa que las entidades no sufrieron ningún daño económico.