El Cabildo de Tenerife afronta el reto de estabilizar 224 plazas para evitar su pérdida legal

El Cabildo de Tenerife se enfrenta a un complejo desafío administrativo para normalizar su plantilla, un proceso que, según ha trascendido recientemente, abarca un total de 224 plazas distribuidas en 24 convocatorias activas. Esta cifra, que aglutina tanto la oferta pública de empleo (OEP) para 2025 —con 176 puestos— como expedientes pendientes de ejercicios anteriores, pone de relieve la presión que soporta el área de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital bajo la dirección política de José Miguel Ruano y la gestión técnica de Juan Manuel Santana.

La necesidad de estabilizar la estructura de personal no es solo una cuestión de gestión ordinaria, sino una obligación legal marcada por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Su artículo 70.1 establece un límite improrrogable de tres años para ejecutar las ofertas de empleo; de superarse este plazo sin materializar los procesos selectivos, las plazas pierden su vigencia, lo que obliga a reiniciar los trámites. Esta contingencia genera una incertidumbre operativa que afecta a perfiles críticos, desde técnicos de administración jurídica —con 50 plazas en acceso libre— hasta operarios ambientales, cuya estabilidad laboral se ve comprometida por la dilación en los procesos.

El desglose de la oferta actual refleja una disparidad entre las necesidades reales de la institución y la capacidad de ejecución. Mientras que el Cabildo reserva 121,6 millones de euros para gastos de personal dentro de un presupuesto global de 1.278 millones, los representantes sindicales, como Alejandro Dorta (CGT), advierten sobre el riesgo de infradotación en servicios esenciales. Actualmente, la institución cuenta con una plantilla de aproximadamente 2.000 trabajadores directos, cifra que asciende a 7.500 si se incluyen organismos autónomos como el IASS y empresas públicas como Titsa.

La complejidad del mapa de convocatorias es notable:

• Funcionarios: Se han registrado 678 aspirantes para tres listas de reserva, destacando la demanda para agentes de Medio Ambiente (581 solicitudes). La oferta incluye 118 plazas de acceso libre y 17 de promoción interna, además de 46 vinculadas a tasas específicas. Entre los puestos figuran médicos, técnicos de sistemas de información, economistas y ordenanzas.
• Personal Laboral: Se contemplan 89 plazas, divididas entre 44 de acceso libre (oficiales de mantenimiento y peones de conservación) y 45 de promoción interna, que abarcan desde conductores de vehículos especiales hasta analistas de laboratorio y jefes de grupo en el área de carreteras.

El contexto se ve condicionado, además, por la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad, que busca corregir el abuso de contratos interinos. La representación sindical subraya que la falta de convocatorias para puestos específicos —como los de cerrajería, electromecánica o electricidad— perpetúa una precariedad que desincentiva la carrera administrativa. Asimismo, se señala una discrepancia entre las vacantes reales recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y las plazas efectivamente convocadas, especialmente en categorías de jefatura, donde la jubilación de efectivos y la aplicación de coeficientes reductores exigen una planificación más ágil de cara a la próxima OEP de 2026, cuya negociación deberá cerrarse antes de finalizar el año, coincidiendo con el proceso electoral sindical del próximo 6 de mayo.