La Fiscalía pide siete años de cárcel para un interno de Tenerife II por tráfico de drogas en prisión
La Fiscalía solicita siete años de prisión para un interno de la cárcel Tenerife II tras ser sorprendido con más de tres gramos de cocaína de alta pureza en su celda.
La lucha contra el tráfico de estupefacientes en el interior de los centros penitenciarios vuelve a situarse en el foco judicial tras conocerse la petición de condena formulada por el Ministerio Fiscal para un interno del centro Tenerife II. Según adelanta la información publicada por medios locales, la Fiscalía solicita una pena de siete años de prisión para el recluso, al que se le incautaron 3,13 gramos de cocaína con un grado de pureza del 93% durante un registro en su celda.
El caso, que será enjuiciado el próximo 14 de septiembre en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pone de manifiesto la complejidad de la gestión de seguridad en las prisiones españolas. La acusación pública sostiene que el estupefaciente tenía como destino final el mercado ilícito intramuros. A partir de una estimación de valor de mercado de 473 euros por la sustancia intervenida, el Ministerio Público ha solicitado una sanción económica adicional que asciende a casi 1.900 euros, aplicando los criterios de proporcionalidad previstos en el Código Penal para delitos contra la salud pública.
La vista oral contará con un despliegue probatorio significativo, dado que está programada la comparecencia de diversos perfiles profesionales vinculados a la seguridad y el control penitenciario. Entre los citados para prestar testimonio se encuentran funcionarios de prisiones, el subinspector de Seguridad del recinto y los especialistas técnicos responsables del análisis químico de la droga.
Este procedimiento judicial subraya la severidad con la que el ordenamiento jurídico español aborda la introducción y distribución de sustancias prohibidas en entornos de privación de libertad. La alta pureza de la sustancia hallada es un factor determinante en la calificación del delito, ya que, bajo la jurisprudencia actual, la capacidad de adulteración y posterior venta aumenta exponencialmente el potencial lesivo para la salud pública, un agravante que el tribunal deberá valorar durante el juicio el próximo mes de septiembre.