La crisis habitacional en el sur de Tenerife: el asentamiento de Los Vivitos evidencia la parálisis institucional en Arona
La proliferación de asentamientos informales en suelo protegido de Arona, como el de Los Vivitos, evidencia la grave crisis habitacional en el sur de Tenerife y la incapacidad de las administraciones para ofrecer una respuesta institucional a la emergencia social.
La crisis habitacional en el sur de Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión con la consolidación de asentamientos informales sobre suelo rústico protegido, una realidad que, según ha documentado recientemente Diario de Avisos, pone de manifiesto la incapacidad de las administraciones locales para gestionar la emergencia social en municipios como Arona. El caso de Los Vivitos, un enclave situado entre Guaza y Buzanada, ilustra la tensión entre la estricta normativa urbanística y la necesidad perentoria de vivienda asequible.
El asentamiento, que se extiende sobre una superficie de 300.000 metros cuadrados, alberga actualmente a unas 250 personas distribuidas en 47 unidades familiares. A diferencia de otros núcleos de mayor antigüedad y consolidación en la zona, como Lomo Negro —donde la infraestructura urbana ha llegado a normalizarse a pesar de su ilegalidad—, Los Vivitos presenta una estructura más precaria y reciente. La vulnerabilidad de estas construcciones quedó patente tras el paso de la borrasca Therese, cuyas rachas de viento provocaron daños estructurales significativos en las viviendas, compuestas mayoritariamente por materiales reciclados y paneles de madera.
La situación administrativa de estos residentes se encuentra en un limbo jurídico. Mientras los vecinos intentan organizarse para dotar al asentamiento de servicios básicos, la falta de empadronamiento les impide acceder a derechos fundamentales, como la escolarización de los menores. Esta anomalía administrativa contrasta con la permisividad observada en otros asentamientos del municipio, donde el registro municipal sí ha sido posible, generando una desigualdad de trato que las autoridades no han logrado explicar bajo los parámetros del derecho administrativo vigente.
Desde la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, su directora, Montserrat Ortega, ha señalado la necesidad de diferenciar entre la infracción urbanística convencional y aquellos casos que requieren una intervención social urgente. Por su parte, el Ayuntamiento de Arona mantiene el objetivo de frenar el crecimiento del asentamiento antes de que la reposición de la legalidad se torne inviable, aunque las actuaciones municipales han sido limitadas hasta la fecha.
La gestión de este suelo, propiedad de particulares que hasta el momento han permanecido al margen de las negociaciones, se ve además atravesada por la influencia de actores políticos locales. La presencia de formaciones como Fuerza Canaria, que ha facilitado suministros básicos como agua y alumbrado, añade una capa de complejidad a un conflicto donde la precariedad habitacional se utiliza, en ocasiones, como herramienta de visibilidad política. Mientras tanto, la comunidad de Los Vivitos persiste en su intento de autogestión, a la espera de una solución institucional que resuelva la contradicción entre la protección del suelo agrícola y el derecho a una vivienda digna para sus habitantes.