Detenida una celadora en Tenerife por retener y estafar a un paciente octogenario
Detenidos una celadora del Hospital de La Candelaria y un hombre en Tenerife por retener ilegalmente a un paciente octogenario para estafarle 4.000 euros.
La vulnerabilidad de los pacientes en el sistema sanitario vuelve a ponerse en entredicho tras conocerse un grave caso de abuso de confianza y privación de libertad en Tenerife. Tal y como recoge la información publicada recientemente, la Policía Nacional ha procedido a la detención de una celadora del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y de un varón, ambos de nacionalidad española, por su presunta implicación en delitos de detención ilegal y estafa.
El caso, que ha activado las alarmas sobre los protocolos de seguridad en el trato con pacientes de avanzada edad, se centra en un ciudadano italiano octogenario. Según los datos recabados por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife, la sospechosa habría aprovechado su posición profesional en el centro hospitalario para establecer un vínculo con la víctima, quien carecía de red de apoyo familiar en la isla. Tras recibir el alta médica a finales del pasado mes de marzo, el hombre fue trasladado a una vivienda en Granadilla de Abona, donde permaneció incomunicado y retenido contra su voluntad durante siete días.
Durante este periodo de cautiverio, los arrestados habrían sustraído aproximadamente 4.000 euros mediante extracciones en cajeros automáticos y transferencias bancarias no autorizadas. La investigación policial, que culminó con las detenciones el pasado 24 de junio, se inició a raíz de una denuncia interpuesta el 19 de abril ante la Guardia Civil.
Desde el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria han confirmado la vinculación laboral de la detenida con el centro, aunque han declinado precisar su situación administrativa actual —si ha sido apartada de sus funciones o si se le ha incoado un expediente disciplinario—, limitándose a señalar que se trata de un proceso judicializado en el que prestarán la colaboración necesaria.
Este suceso pone de relieve la fragilidad de los protocolos de protección para pacientes con perfiles de alta vulnerabilidad, ya sea por edad o por patologías de salud mental, que transitan por los complejos hospitalarios. Mientras la autoridad judicial instruye la causa, los investigadores mantienen las diligencias abiertas, sin descartar la existencia de otros afectados por un modus operandi similar, lo que plantea interrogantes sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en el entorno asistencial para evitar que la relación médico-paciente sea instrumentalizada con fines delictivos.