El personal del Servicio de Ayuda a Domicilio convoca movilizaciones nacionales contra la precariedad del sector
El personal del Servicio de Ayuda a Domicilio ha convocado una movilización nacional para el 19 de septiembre de 2026 con el fin de denunciar la precariedad del sector y exigir una reestructuración profunda del modelo de cuidados.
La externalización de los servicios sociales vuelve a situarse en el centro del debate público. Según ha trascendido recientemente, el personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Tenerife ha convocado una movilización para el próximo 19 de septiembre de 2026, una jornada que busca poner el foco en las carencias estructurales que atraviesa este sector. La protesta, fijada para las 11:00 horas en la Plaza de España de la capital tinerfeña, se enmarca en una estrategia de acción colectiva que tendrá réplicas simultáneas en otros puntos neurálgicos del país, como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.
Este movimiento responde a una problemática que trasciende lo laboral para adentrarse en la calidad del sistema de atención a la dependencia. El colectivo ha hecho público un documento que compendia 23 exigencias dirigidas tanto a las instituciones públicas, responsables de la gestión, como a las entidades privadas que operan bajo concesión. El núcleo de esta demanda es una reestructuración profunda del modelo de cuidados, un sector que, a pesar de ser un pilar fundamental del Estado de Bienestar, arrastra una cronificación de la precariedad que afecta directamente a la atención de los usuarios.
La convocatoria no se limita al ámbito profesional, sino que busca la implicación de las familias y de la sociedad canaria en su conjunto. La intención de los organizadores es visibilizar la fragilidad de un servicio esencial que, en el contexto actual de envejecimiento poblacional, requiere de una revisión urgente de sus condiciones operativas y de financiación. La movilización se presenta, por tanto, como un punto de inflexión para reclamar una mayor responsabilidad por parte de los gestores públicos en la salvaguarda de los derechos de quienes sostienen, en el día a día, la atención a las personas más vulnerables del Archipiélago.