Seguridad privada en el Teide por 3,7 millones.
El Cabildo de Tenerife implementará un sistema de seguridad privada con once guardas rurales en el Parque Nacional del Teide a partir del 1 de abril, una medida de 3,7 millones de euros que ha generado debate sobre la gestión de espacios protegidos.
La corporación insular de Tenerife ha optado por implementar un sistema de seguridad privada para reforzar la vigilancia y el control en el Parque Nacional del Teide, una medida que ha generado un debate sobre la gestión de los espacios naturales protegidos. Según adelanta [Nombre de su medio, si fuera el caso, o una frase genérica como "informaciones recientes"], once guardas rurales se incorporarán al emblemático paraje a partir del 1 de abril, un despliegue que busca complementar la labor de los agentes de medioambiente en un entorno que recibe anualmente a cinco millones de visitantes.
La decisión se materializa a través de un contrato de servicios actualmente en fase de licitación, cuyo pliego de condiciones, con fecha de noviembre de 2025, ya ha recibido la aprobación del Consejo de gobierno insular. La empresa adjudicataria deberá contar con la autorización del Ministerio del Interior para operar. El plan de vigilancia contempla una distribución estratégica de los efectivos: un guarda en La Rambleta, dos en la cima de Montaña Blanca, y cuatro guardas itinerantes que recorrerán los 190 kilómetros cuadrados del parque en turno de tarde (de 16:00 a 00:00 horas) con dos vehículos todoterreno. Otros dos guardas se encargarán de la vigilancia nocturna (de 00:00 a 09:00 horas) con un vehículo, y un servicio adicional de dos guardas itinerantes operará en el mismo horario nocturno entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.
El coste estimado de este servicio asciende a 3.766.421 euros para un periodo de tres años, prorrogable por dos más, calculando 31,5 euros por hora de guarda y un total de 111.717 horas de servicio. La distribución presupuestaria anual prevé 875.858 euros para 2026, 1.255.140 euros para 2027 y 2028, y 379.282 euros para 2029.
Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, ha defendido la iniciativa, señalando que la presencia de estos profesionales no es nueva, ya que comenzaron a operar en el parque en noviembre del año pasado mediante una modificación de una encomienda con Gesplan, coincidiendo con la primera regulación de acceso a la cumbre. Pérez ha aclarado que estos vigilantes carecen de la condición de agentes de la autoridad y, por tanto, de capacidad sancionadora, actuando como apoyo a los agentes de medioambiente y bajo la supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Su función principal será la de verificar documentación y permisos, incluso durante la noche, y alertar a los agentes del Cabildo o a la Guardia Civil en caso de infracción. La consejera ha atribuido a su presencia la desaparición de los "botellones" en el parque, argumentando que antes de su llegada, la extensión del parque quedaba desatendida tras las tres de la tarde.
Desde el Cabildo se justifica la medida por la necesidad de cubrir carencias de personal, especialmente en horarios de tarde y noche, y por la imposibilidad de satisfacer todas las necesidades con la plantilla actual de agentes medioambientales, incluso tras la reciente transferencia de competencias y el aumento previsto de efectivos. A partir de este mes, el número de agentes de Medioambiente en el Teide pasará de dos a siete, con el objetivo de alcanzar los trece a lo largo del año.
Sin embargo, la decisión ha sido objeto de críticas por parte de las organizaciones sindicales. Antonio Mengual, representante de CGT en el Cabildo de Tenerife, ha expresado su preocupación por lo que considera una "apuesta por lo privado frente a lo público". Mengual argumenta que un Parque Nacional, por su naturaleza, debería ser vigilado y custodiado exclusivamente por funcionarios públicos con carácter de autoridad, como los agentes de Medio Ambiente o los cuerpos de seguridad. Ha sugerido que los fondos destinados a la contratación de seguridad privada podrían emplearse en incrementar el número de plazas de agentes públicos, y ha comparado la situación con la hipotética implementación de vigilancia privada en espacios urbanos como el parque García Sanabria.
Por su parte, José Ángel Castro, jefe de los agentes en el Teide con tres décadas de experiencia, ha valorado positivamente la incorporación de los guardas rurales en este "momento de transición". Castro ha destacado que cubren servicios esenciales, como la vigilancia nocturna y el control de acceso al estratovolcán, que antes no podían atenderse por falta de personal, liberando a los agentes de medioambiente para otras funciones. Ha calificado el servicio como "necesario" y ha anticipado que, a largo plazo, estas medidas impopulares podrían demostrar su acierto.