El Gobierno de Canarias rechaza declarar BIC el Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife exige la retirada del Monumento a Franco tras el informe técnico que descarta su catalogación como Bien de Interés Cultural.
La persistencia de vestigios de la dictadura en el espacio público de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras el reciente informe técnico de la ponencia de patrimonio del Gobierno de Canarias. Según ha dado a conocer la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife, el órgano autonómico ha desestimado por unanimidad la catalogación del Monumento a Franco como Bien de Interés Cultural (BIC), un dictamen que, a juicio de la entidad, invalida los argumentos esgrimidos hasta la fecha para preservar la estructura en su ubicación actual.
Ante este escenario, la asociación ha activado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org —que ya supera los 340 apoyos— con el objetivo de forzar la retirada definitiva de la pieza. La presidenta de la organización, Mercedes Pérez Schwartz, ha calificado de anomalía democrática que, casi dos décadas después de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, la capital tinerfeña mantenga un elemento que, según sostiene, contraviene tanto la normativa autonómica vigente como la Ley de Memoria Democrática estatal.
El planteamiento de la asociación trasciende la mera eliminación del símbolo. La propuesta formal incluye el traslado de la escultura al Museo Histórico Militar de Canarias, ubicado en el Cuartel de Almeida. Esta alternativa busca despojar al monumento de su carácter de exaltación pública para convertirlo en un objeto de estudio museístico, descontextualizado de su actual emplazamiento. Asimismo, el colectivo aboga por la resignificación del espacio mediante la creación de un memorial dedicado a las víctimas de la represión, subrayando la carga simbólica de la zona, próxima a una de las fosas marinas donde fueron arrojadas personas represaliadas por motivos ideológicos.
La controversia se agudiza por la polarización política que rodea al monumento. Pérez Schwartz ha manifestado su rechazo a las posturas de sectores de la extrema derecha que, desde las instituciones, intentan evitar el desmantelamiento de la obra. Para la asociación, la permanencia de este homenaje en una de las entradas principales de la ciudad constituye un agravio hacia las familias de las 182 víctimas mortales identificadas en la isla. Con este movimiento, la entidad busca presionar al Cabildo y al Ayuntamiento de Santa Cruz para que, tras el aval técnico que descarta la protección patrimonial del monumento, procedan a la adecuación de la vía pública a los estándares democráticos actuales.