La precariedad laboral en el dispositivo BRIFOR de Tenerife pone en riesgo la extinción de incendios

La precariedad en la gestión de los recursos humanos destinados a la extinción de incendios en Tenerife ha vuelto a situarse en el foco del debate público. Tal y como recoge la información publicada recientemente sobre el dispositivo BRIFOR, existe una fractura operativa entre el personal de plantilla del Cabildo y los efectivos contratados a través de la empresa pública Gesplan, a pesar de que ambos grupos ejecutan labores idénticas sobre el terreno. Esta disparidad, que afecta tanto a las retribuciones como a la organización de los turnos, pone en riesgo la consolidación de equipos expertos en un área donde la pericia técnica es un factor determinante para la seguridad.

El actual modelo de encomienda de gestión, mediante el cual la corporación insular externaliza parte de su operativo, se encuentra bajo escrutinio sindical. Según los datos aportados por la UGT, el dispositivo cuenta este año con 760 profesionales, de los cuales 105 dependen de Gesplan frente a los 216 que forman parte del cuerpo propio del Cabildo. La problemática se agudiza al analizar las condiciones de estos últimos: salarios que rondan los 1.300 euros, jornadas extensas de doce horas y una política de desplazamientos que excluye el tiempo de trayecto del cómputo laboral, lo que en zonas de difícil acceso como Vilaflor supone una carga adicional de hasta tres horas diarias.

Desde la representación de los trabajadores se advierte que esta brecha laboral fomenta una alta rotación, cifrada en que cerca del 60 % de los efectivos de refuerzo se estrena en el puesto cada campaña. Esta inestabilidad choca con la necesidad de contar con personal veterano, capaz de responder con eficacia ante situaciones de emergencia. La situación, no obstante, podría experimentar un giro con la próxima entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo para Gesplan, que promete incrementos salariales de hasta el 30 % para el personal de campo, superando así un marco normativo que permanecía estancado desde 1998.

Más allá de las mejoras salariales, el conflicto ha escalado hasta el Tribunal Laboral de Canarias. La UGT ha instado a que se reconozca formalmente la categoría profesional de bomberos forestales para estos trabajadores, una medida que ya cuenta con el visto bueno de la empresa para su tramitación ante la Seguridad Social. Sin embargo, el sindicato subraya que el problema estructural reside en la baja dotación económica de las encomiendas, lo que limita la capacidad de maniobra de la empresa pública para ofrecer condiciones competitivas. Mientras el Cabildo se remite a la gestión de Gesplan y esta asegura cumplir con la legalidad vigente, el sector advierte que, sin una revisión profunda del modelo, la dificultad para retener talento seguirá siendo el principal lastre del operativo contra incendios en la isla.