Crisis en la salud mental infanto-juvenil del norte de Tenerife por la falta de psiquiatras en La Orotava
La falta de psiquiatras en el CAE de La Orotava obliga a las familias a desplazarse hasta La Laguna, una medida que los afectados denuncian como insuficiente y peligrosa para la atención de menores con trastornos del neurodesarrollo.
La crisis en la atención a la salud mental infanto-juvenil en el norte de Tenerife ha alcanzado un punto crítico, tal y como ha informado recientemente el Diario de Avisos. La falta de cobertura psiquiátrica en el Centro de Atención Especializada (CAE) de La Orotava ha dejado a decenas de familias en una situación de vulnerabilidad extrema, al verse privadas de un servicio esencial para el seguimiento de menores con trastornos del neurodesarrollo.
El conflicto se origina en la vacante de una plaza de psiquiatría en el citado centro, una ausencia que el Hospital Universitario de Canarias (HUC) justifica por la inexistencia de especialistas disponibles en el mercado laboral. Ante esta carencia, la gerencia hospitalaria ha optado por centralizar las consultas en La Laguna, extendiendo el horario de atención a las tardes. Sin embargo, esta solución ha sido calificada por el colectivo Visión Azul Autismo como una medida insuficiente que ignora la realidad cotidiana de los pacientes.
El impacto de esta decisión trasciende la mera logística. Las familias advierten sobre el riesgo que supone el traslado de menores en plena crisis conductual o sensorial, una situación que, al requerir el desplazamiento en vehículo particular, a menudo con un solo progenitor al volante, eleva exponencialmente el peligro de accidentes. La exigencia de los afectados es clara: la restitución del psiquiatra de referencia en el CAE de La Orotava, un recurso que históricamente garantizaba la estabilidad asistencial en la comarca.
La problemática no se limita a la ubicación geográfica. La interrupción del seguimiento clínico está provocando un efecto dominó en la vida de estos menores: desde la falta de revisión de tratamientos farmacológicos hasta la imposibilidad de obtener diagnósticos actualizados. Estos informes son, a menudo, el requisito administrativo indispensable para acceder a becas y ayudas destinadas al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). La ausencia de una respuesta estable obliga a las familias a recurrir de manera recurrente a los servicios de Urgencias, un sistema que, lejos de ofrecer una solución integral, perpetúa un ciclo de inestabilidad donde el paciente debe reiniciar su proceso asistencial ante cada recaída.
Este escenario pone de manifiesto las tensiones estructurales del sistema sanitario regional, donde la escasez de facultativos especializados se traduce en una brecha de equidad para los residentes de las zonas periféricas. Mientras la administración busca fórmulas para cubrir las vacantes, el colectivo afectado subraya que la salud mental de los menores no puede quedar supeditada a la disponibilidad de personal, reclamando una planificación que garantice la continuidad asistencial como un derecho fundamental.