La crisis habitacional en Tenerife se agrava y alcanza niveles de emergencia social
La crisis habitacional en Tenerife se agrava con 2.853 personas en exclusión residencial extrema, una emergencia social marcada por el encarecimiento de los alquileres y la falta de vivienda pública que afecta especialmente a Santa Cruz.
La crisis habitacional en Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión que trasciende la estadística para convertirse en una emergencia social de carácter crónico. Tal y como recoge un reciente informe de Cáritas, la isla registra 2.853 personas en situación de exclusión residencial extrema, una cifra que sitúa a Santa Cruz de Tenerife como el epicentro de esta problemática, al concentrar el 35% de los casos insulares. Este fenómeno, lejos de ser coyuntural, se consolida en un contexto donde el mercado del alquiler en la capital ha experimentado un encarecimiento superior al 5% interanual, situando el coste medio en 13 euros por metro cuadrado.
El análisis de esta realidad revela una brecha estructural entre la capacidad de respuesta de las administraciones y la complejidad de las causas que empujan a los ciudadanos a la calle. Mientras el Ayuntamiento de Santa Cruz ha destinado una inversión histórica superior a los 14 millones de euros en políticas sociales —con partidas específicas para alimentación y ayudas al alquiler—, el Sindicato de Inquilinas advierte que estas medidas actúan como paliativos temporales ante una carencia de vivienda pública que no alcanza el 3% del parque total. La ausencia de una declaración de zona tensionada, según los colectivos sociales, impide aplicar mecanismos de contención de precios que frenarían la expulsión de las rentas más bajas del mercado.
La precariedad habitacional presenta, además, una dimensión de género crítica. Aunque los hombres representan la mayoría de las personas sin hogar, el 25% de los afectados son mujeres, un colectivo que, según los datos analizados, tiende a ocultar su situación para eludir los riesgos de violencia y explotación asociados a la vida en la vía pública. Esta invisibilidad dificulta el acceso a los recursos asistenciales, que a menudo no cuentan con protocolos adaptados a las necesidades específicas de las mujeres en situación de calle.
El impacto sobre la salud pública es otra de las consecuencias directas de esta crisis. Casi cuatro de cada diez personas afectadas reportan un deterioro severo de su bienestar físico y mental, agravado por la imposibilidad de mantener hábitos básicos de higiene y descanso. La cronicidad es la nota predominante: más de la mitad de los afectados lleva más de un año en esta situación, lo que evidencia que el sistema de acogida, pese a contar con programas como Housing First o pisos de emergencia, se ve desbordado por una demanda que crece al ritmo del encarecimiento de la vida.
En última instancia, el debate se centra en la eficacia de las competencias municipales frente a la necesidad de una política de vivienda de mayor calado. Mientras el consistorio capitalino defiende la solidez de su red de atención, los agentes sociales insisten en que, sin una intervención directa sobre el mercado inmobiliario —incluyendo la recuperación de inmuebles vacíos y la limitación de segundas residencias—, la exclusión residencial seguirá siendo el destino inevitable para una parte creciente de la clase trabajadora tinerfeña.