Tenerife afronta una crisis de saneamiento con vertidos masivos y procesos judiciales abiertos
La deficiente gestión del saneamiento en Tenerife, marcada por vertidos masivos y procesos judiciales contra cargos públicos, obliga al Cabildo a invertir 70 millones de euros para corregir una desconexión histórica entre los núcleos urbanos y las depuradoras.
La gestión de las infraestructuras de saneamiento en Tenerife se ha convertido en un desafío estructural que trasciende la mera deficiencia técnica para instalarse en el centro del debate político y judicial. Tal y como recoge la información publicada recientemente, la isla arrastra un déficit histórico en la conexión de núcleos residenciales a las redes de depuración, una carencia que deriva en el vertido anual de más de 62,5 millones de metros cúbicos de aguas residuales sin el tratamiento adecuado. Este volumen, equiparable a la capacidad de más de 9.000 piscinas olímpicas, no solo compromete la calidad de las aguas de baño y la integridad de los ecosistemas, sino que expone a las arcas públicas a sanciones recurrentes por parte de las autoridades comunitarias.
La magnitud del problema ha forzado al Cabildo de Tenerife a redirigir gran parte de sus planes de cooperación municipal para el periodo 2023-2031, destinando más de 70 millones de euros a la extensión de redes de alcantarillado. Esta inversión busca corregir una paradoja operativa: la isla ha incrementado su capacidad de tratamiento hasta superar los 35 hectómetros cúbicos anuales —gracias a la puesta en marcha de plantas en Granadilla y Guía de Isora—, pero estas instalaciones operan a menudo por debajo de su potencial debido a la desconexión de numerosos núcleos urbanos. El caso de la depuradora del Valle de Güímar, cuya operatividad se ve limitada por la falta de aportación de caudal, ilustra la ineficacia de construir plantas de tratamiento si no se garantiza previamente la llegada de los residuos.
El impacto de esta gestión deficiente tiene, además, una vertiente penal creciente. El próximo 8 de febrero, la Audiencia Provincial iniciará el juicio contra varios representantes públicos, actuales y pasados, por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación vinculados a vertidos en el Polígono Industrial del Valle de Güímar. Un escenario similar se reproduce en el Puerto de la Cruz, donde la clausura prolongada de Playa Jardín —que acumuló casi un año de cierre entre 2024 y 2025— ha derivado en otra investigación judicial que afecta a cargos públicos y técnicos. Estos procesos ponen de relieve la responsabilidad de las administraciones locales en un sistema donde, según los datos disponibles, apenas 59 de los 180 puntos de vertido identificados en la isla cuentan con la preceptiva autorización.
Desde el sector de la consultoría medioambiental se advierte que las partidas presupuestarias actuales resultan insuficientes frente a unas necesidades de inversión que, según estimaciones previas de la corporación insular, superarían los 500 millones de euros. La problemática, que afecta tanto a zonas costeras como a áreas de cumbre, es el resultado de décadas de urbanismo expansivo sin la planificación de servicios básicos. Mientras las administraciones enfrentan el pago de millones de euros en multas europeas, el debate se centra ahora en la necesidad de un plan insular consensuado que supere la inercia política y aborde, de forma definitiva, la desconexión de una red de saneamiento que, hoy por hoy, sigue siendo el principal punto negro medioambiental de la isla.