Tenerife se consolida como el punto negro de Canarias por el aumento de ahogamientos y accidentes acuáticos
Tenerife se consolida como el punto negro de Canarias en siniestralidad acuática, lo que ha llevado a las autoridades a debatir la implementación de sanciones económicas para frenar la imprudencia en zonas de baño peligrosas.
La gestión de la seguridad en el litoral tinerfeño se ha convertido en un desafío de primer orden para las administraciones locales, ante una estadística de siniestralidad que sitúa a la isla como el punto negro de Canarias en cuanto a accidentes acuáticos. Tal y como recoge la asociación Canarias, 1.500 kilómetros de costa, la región cerró 2025 con un balance de 24 fallecimientos y más de un centenar de personas afectadas en 53 enclaves distintos, una tendencia que, lejos de remitir, se ha agravado en el primer semestre de 2026 con un incremento del 15% en las muertes por ahogamiento en todo el archipiélago.
El análisis de esta problemática revela una brecha significativa en la protección de los bañistas. Aunque la gran mayoría de los municipios costeros de la isla —25 de los 28 con acceso al mar— intentan mitigar los riesgos, la disparidad en los recursos es notable. Mientras que zonas de alta afluencia como El Socorro, en Los Realejos, mantienen vigilancia permanente, otros enclaves de especial peligrosidad, como El Tancón o Isla Cangrejo en Santiago del Teide, carecen de ella debido a la prohibición expresa del baño o a la complejidad orográfica del terreno. Esta situación se repite en el norte de la isla, donde la fuerza del Atlántico y la configuración rocosa del litoral complican las labores de rescate, como se evidenció recientemente en el charco de El Viento, en La Guancha, donde las autoridades locales aún evalúan la implementación de un servicio de socorrismo para la temporada estival.
La proliferación de redes sociales ha transformado la percepción de riesgo de estos espacios. Sebastián Quintana, presidente de la citada asociación, advierte que la promoción digital de calas y charcos sin control ha desvirtuado la peligrosidad real de estos entornos. Ante este escenario, la estrategia de las corporaciones municipales se ha diversificado: desde la contratación de socorristas en periodos estacionales, como ocurre en San Juan de la Rambla, hasta la instalación de dispositivos tecnológicos de emergencia, como los tótems de rescate con salvavidas inteligentes.
No obstante, la eficacia de estas medidas es objeto de debate. El sector experto sugiere que la solución no reside únicamente en el despliegue de personal, sino en la implementación de un marco sancionador. La propuesta de Quintana es clara: equiparar la seguridad en el agua a la seguridad vial mediante ordenanzas municipales que establezcan multas disuasorias. El objetivo es que la señalización y la advertencia de sanciones económicas actúen como un freno real ante el acceso a zonas donde, a pesar de las prohibiciones, la imprudencia sigue costando vidas. La disparidad entre Tenerife y Gran Canaria, donde la primera registra cifras de mortalidad muy superiores pese a contar con una demografía similar, subraya la necesidad urgente de una política de seguridad costera más homogénea y rigurosa en toda la isla.