La rehabilitación del Auditorio de Tenerife se dispara por encima de los 24 millones de euros entre críticas políticas y dudas sobre su financiación

La rehabilitación del Auditorio Adán Martín, una de las infraestructuras más icónicas de Canarias, se ha convertido en un complejo tablero de ajedrez administrativo y financiero. Según la documentación técnica a la que ha tenido acceso la prensa local, la intervención necesaria para subsanar las deficiencias estructurales del edificio podría elevarse por encima de los 24 millones de euros, una cifra que, bajo el actual contexto inflacionista, podría sufrir incrementos adicionales.

El debate político en el Cabildo de Tenerife se articula ahora en torno a la viabilidad económica de esta obra y, fundamentalmente, sobre quién debe sufragar el coste. Mientras el actual equipo de gobierno, liderado por Rosa Dávila, ha fijado el inicio de los trabajos para el próximo mes de septiembre —tras la reciente exposición pública de un proyecto que supera las 1.600 páginas—, el grupo socialista ha elevado el tono de sus críticas. La oposición cuestiona la gestión de los plazos, señalando que la tramitación ha acumulado un retraso de dos años, y exige garantías de que el erario público no asumirá una factura que, a su juicio, debería recaer sobre el arquitecto Santiago Calatrava y la UTE responsable de la construcción original.

El análisis de los costes revela una dimensión económica que trasciende la mera ejecución material de la obra, presupuestada en 17,6 millones de euros. Los informes técnicos de 2022 ya advertían de un impacto derivado del lucro cesante ante un eventual cierre del recinto, cuantificado en 5,9 millones de euros. Esta cifra, que contempla tanto la inactividad de la Sociedad Auditorio de Tenerife como las retribuciones del Patronato Insular de Música, podría alcanzar los 6,4 millones anuales si se ajusta a la coyuntura económica actual.

La incertidumbre sobre el impacto operativo del proyecto es otro de los puntos de fricción. El PSOE ha solicitado aclaraciones precisas sobre si la reforma obligará a clausurar el inmueble, una medida que, de materializarse, supondría un golpe significativo para la actividad cultural de la isla. Ante este escenario, la corporación insular se enfrenta al reto de equilibrar la urgencia de una reparación pendiente desde hace una década con la necesidad de depurar responsabilidades por los vicios ocultos que afectan al edificio desde su inauguración en 2003.

El proceso administrativo entra ahora en una fase decisiva con la licitación de la dirección de obra y la ejecución de los trabajos, previstos para un periodo de 32 meses. La resolución de este conflicto no solo determinará el futuro inmediato del Auditorio, sino que sentará un precedente sobre la asunción de costes en grandes infraestructuras públicas cuando la responsabilidad técnica y constructiva es objeto de disputa legal.