El Cabildo de Tenerife garantiza la gratuidad del transporte público hasta 2026 con una inversión de 160 millones
El Cabildo de Tenerife consolida la gratuidad del transporte público hasta 2026 con una inversión propia de 160 millones de euros, tras registrar 288 millones de desplazamientos y reducir significativamente el uso del vehículo privado.
La apuesta del Cabildo de Tenerife por la gratuidad del transporte público se consolida como el eje vertebrador de su política de movilidad para el trienio 2023-2025. Tal y como ha trascendido tras la última sesión del Consejo de Gobierno insular, la institución ha comprometido una inversión propia de 160 millones de euros para sostener la gratuidad del servicio, una cifra que representa más de la mitad del presupuesto total necesario para mantener esta política.
El modelo de financiación se completa con fondos estatales canalizados a través del Ejecutivo autonómico. En este sentido, la corporación ha confirmado la recepción de 37,1 millones de euros, correspondientes a una partida mayor que se terminará de liquidar a lo largo del presente ejercicio. Esta inyección económica tiene como destino directo las operadoras Titsa y Metrotenerife, que percibirán 24,8 y 12,3 millones de euros respectivamente, con el fin de equilibrar sus cuentas ante la supresión de las tarifas y cubrir los gastos operativos derivados de la gestión del sistema.
Desde que se pusiera en marcha esta medida el 1 de enero de 2023, las cifras oficiales arrojan un balance de 288 millones de desplazamientos realizados bajo esta modalidad. El análisis del Cabildo sostiene que el impacto de esta política ha permitido retirar de las carreteras insulares más de 63 millones de trayectos en vehículo privado, un dato que la presidenta insular, Rosa Dávila, ha calificado como un avance determinante para mitigar la saturación de las principales vías de alta capacidad. La gratuidad, que beneficia a usuarios del Bono Residente Canario, así como a los colectivos de jóvenes, mayores y personas con discapacidad, tiene garantizada su continuidad para 2026 gracias al marco normativo de la Ley de Movilidad Sostenible aprobada recientemente.
Más allá de la movilidad, el Consejo de Gobierno ha ratificado una serie de medidas sectoriales que completan su agenda de gestión. Entre ellas, destaca la aprobación del Plan de Formación Municipal 2026, orientado a la capacitación técnica de los ayuntamientos con menor capacidad de gestión, y una nueva línea de ayudas dotada con 700.000 euros para la rehabilitación de inmuebles con valor patrimonial, un programa que ha canalizado 6,3 millones de euros desde 2023.
La actividad institucional se extiende a otros ámbitos estratégicos: se han reservado 150.000 euros para el fomento de razas ganaderas autóctonas, mientras que el sector turístico contará con una inversión de 16 millones de euros repartidos en los próximos cinco años para proyectos de mejora de producto y actuaciones vinculadas al entorno marino. Finalmente, la corporación mantiene su compromiso con la cooperación internacional mediante una partida de 600.000 euros destinada a proyectos de ONG en África Occidental.