Tenerife refuerza la regulación de playas para mascotas ante el riesgo de multas de hasta 3.000 euros
Las autoridades de Tenerife refuerzan la delimitación de playas caninas y la normativa de tenencia responsable para evitar sanciones y mejorar la convivencia en el litoral ante la creciente demanda de los propietarios de mascotas.
La convivencia entre el turismo de sol y playa y la tenencia de animales domésticos sigue siendo un desafío administrativo en el archipiélago canario. Tal y como recogen diversas informaciones recientes sobre la gestión del litoral tinerfeño, la planificación de espacios específicos para mascotas se ha convertido en una prioridad para evitar sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros, dependiendo de la normativa municipal y la gravedad de la infracción.
El marco legal vigente en España, que ha experimentado cambios significativos con la reciente Ley de Bienestar Animal, refuerza la responsabilidad de los propietarios. En Tenerife, la estrategia de las autoridades locales se centra en la delimitación de enclaves autorizados, una medida necesaria ante la creciente demanda de los dueños de mascotas por integrar a sus animales en las actividades estivales. Actualmente, la isla cuenta con puntos habilitados en Güímar, concretamente en El Puertito; en Granadilla de Abona, con la playa de El Confital; y en Arona, donde se encuentra El Callao.
El análisis de estas zonas revela una tipología diversa: desde entornos con mayor carga urbana, como el caso güimarero, hasta espacios de carácter más agreste y natural en el sur de la isla. Esta disparidad obliga a los usuarios a extremar las precauciones, especialmente en lo relativo a la protección de las almohadillas de los canes ante las altas temperaturas de la arena volcánica y la necesidad de portar suministros básicos, como agua potable y elementos para la gestión de residuos. Asimismo, la administración local de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado a evaluar la viabilidad técnica de ampliar su oferta de litoral apto para el baño canino, respondiendo a una demanda social que busca compatibilizar el ocio con el cumplimiento de las ordenanzas municipales.
Más allá de la ubicación, el cumplimiento de las obligaciones sanitarias es ineludible. El acceso a estos espacios está condicionado a que el animal disponga de microchip, censo actualizado y cartilla de vacunación al día. En el caso de los perros clasificados como potencialmente peligrosos, la normativa exige el uso obligatorio de bozal y correa. La recomendación de las autoridades es clara: la señalización municipal prevalece sobre cualquier otra consideración, por lo que resulta imperativo consultar las restricciones específicas de cada ayuntamiento antes de acceder a la costa, dado que las condiciones de uso pueden variar según la temporada o el estado del litoral. La responsabilidad civil por los daños que el animal pudiera ocasionar recae, en última instancia, sobre el propietario, quien debe garantizar en todo momento el control del ejemplar y la limpieza del entorno.