Empresario tinerfeño denuncia a inmobiliaria por presunto fraude en franquicia y reclama 36.000 euros.
Un empresario tinerfeño denuncia a una conocida inmobiliaria por presunto fraude en una franquicia, alegando ocultación de información, falta de apoyo y competencia desleal, lo que ha derivado en una batalla legal con una contrademanda por 36.059 euros.
Lo que comenzó como una oportunidad para montar un negocio con una marca conocida, ha acabado en los tribunales. Un empresario de Tenerife, que antes era taxista, ha denunciado a una famosa inmobiliaria por presunto fraude en la franquicia. Lo acusa de ocultar información, no cumplir lo prometido y actuar de mala fe.
El abogado del franquiciado explica que la empresa prometió éxito y apoyo técnico a quienes quisieran abrir una franquicia, pero que esto "nunca existió". Según la denuncia, la inmobiliaria le ofreció abrir una oficina en Adeje en 2022, a pesar de que el empresario no tenía experiencia en el sector. La formación que recibió, dice, se limitó a una presentación general, sin un método de negocio real.
El franquiciado afirma que no recibió la información legalmente obligatoria antes de firmar, ni detalles sobre otras franquicias o la evolución del negocio. Tampoco recibió la formación especializada ni el asesoramiento técnico necesarios para que la oficina funcionara, algo que se considera fundamental.
El problema se agravó cuando descubrió que la inmobiliaria había permitido abrir otras oficinas con el mismo nombre en zonas donde él tenía exclusividad territorial, según su contrato.
Además, acusa a la empresa de crear un sistema paralelo, llamado internamente "segundo negocio", que permitía a otras personas usar la marca y la plataforma digital sin seguir las mismas reglas que los franquiciados. El abogado lo considera una competencia desleal promovida por la propia empresa, calificándolo de "flagrante mala fe empresarial".
Ante la falta de beneficios, el empresario se reunió con los directivos de la franquicia, quienes, según él, le pidieron que esperara unos meses más y le prometieron que si la oficina no daba beneficios, podría cerrarla sin pagar penalizaciones. Él cerró el local, pero poco después, la franquiciadora lo demandó por incumplimiento de contrato.
Ahora, el empresario tinerfeño responde con una contrademanda. Pide que se anule el contrato por vicios en el consentimiento y reclama una indemnización de 36.059 euros, que incluye el pago inicial, reservas de futuras franquicias y los gastos de formación que tuvo que asumir por su cuenta.
El empresario sostiene que la franquicia no cumplió con los requisitos legales. Su abogado se basa en la doctrina del Tribunal Supremo que permite suspender las obligaciones si la otra parte incumple las suyas primero. Por ello, pide al juzgado que declare nulo el contrato o resuelva el incumplimiento, obligando a la franquicia a pagar.