Detenido un médico en Tenerife por presuntos abusos sexuales a pacientes en un centro de salud

La seguridad en el entorno sanitario vuelve a estar bajo el foco tras la reciente detención de un facultativo en el norte de Tenerife, un suceso que, según ha trascendido a través de las informaciones publicadas en las últimas horas, ha activado los protocolos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. El arresto del profesional, que prestaba servicios en un centro de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS) en Los Realejos, responde a una investigación iniciada tras las denuncias de varias pacientes que relataron exploraciones físicas carentes de justificación clínica y que, presuntamente, constituirían delitos de naturaleza sexual.

El caso, que ha sido derivado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de La Orotava, se caracteriza por un patrón de conducta recurrente detectado por los investigadores de la comisaría de Puerto de la Cruz-Los Realejos. La coincidencia en los testimonios de las denunciantes ha sido determinante para que las autoridades mantuvieran las diligencias bajo secreto, una medida orientada tanto a la protección de la identidad de las afectadas como a la eficacia de las pesquisas. En este momento, el cuerpo policial mantiene abierta la búsqueda de posibles nuevas víctimas con el fin de dimensionar el alcance de las actuaciones del médico, quien ya ha sido puesto a disposición judicial.

Este episodio se suma a una preocupante serie de sucesos similares en el archipiélago, evidenciando una vulnerabilidad sistémica en la relación médico-paciente. Hace apenas un mes, la opinión pública conoció el ingreso en prisión provisional de otro facultativo en Las Palmas de Gran Canaria, acusado de once delitos de agresión sexual. En aquel caso, el investigado, que también operaba en centros de Atención Primaria, se valía de su posición para realizar tocamientos no consentidos bajo el pretexto de una supuesta especialización en medicina estética, llegando incluso a hostigar a las pacientes con fines personales.

La reiteración de estos hechos plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión en el ámbito de la Atención Primaria. En el precedente grancanario, la autoridad judicial no solo dictó el ingreso en prisión, sino que impuso la inhabilitación cautelar del ejercicio profesional y órdenes de alejamiento, tras una investigación que se prolongó durante meses y que incluyó el análisis de dispositivos electrónicos. La coincidencia en la tipología de los delitos y el entorno en el que se producen subraya la importancia de la labor de las unidades especializadas de la policía en la detección de abusos que, a menudo, se ocultan bajo la apariencia de una consulta médica rutinaria.