Denuncian la parálisis institucional del Consejo Insular de la Discapacidad en Tenerife tras 19 años de inactividad
La asociación Queremos Movernos denuncia la inoperancia del Consejo Insular de las Personas con Discapacidad de Tenerife, que permanece sin constituirse efectivamente casi dos décadas después de su creación normativa.
La parálisis institucional que afecta al Consejo Insular de las Personas con Discapacidad de Tenerife ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras las recientes denuncias de la asociación Queremos Movernos. Tal y como ha puesto de manifiesto este colectivo, el órgano encargado de canalizar las necesidades de un sector que representa al 12% de la población insular permanece, en la práctica, inoperante, contraviniendo el mandato normativo que obligaba a su puesta en marcha hace casi dos décadas.
El marco legal que debía sustentar esta estructura participativa se remonta al 3 de septiembre de 2004, fecha en la que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el reglamento regulador. Dicho texto jurídico establecía un periodo de gracia de seis meses para la constitución efectiva del consejo, un plazo que expiró en marzo de 2005 sin que, según los datos aportados por la asociación, se haya tenido constancia pública de su operatividad desde entonces. La ausencia de convocatorias, actas, composición de plenos o comisiones de trabajo sugiere que el órgano ha quedado reducido a una figura meramente testimonial, carente de la capacidad de interlocución que le fue conferida originalmente.
Esta carencia de cauces estables de participación institucional no es un asunto menor, pues trasciende la mera falta de transparencia administrativa. La portavoz de Queremos Movernos, Ana Mengíbar, ha advertido que la inexistencia de este foro impide la co-creación de políticas públicas esenciales en materia de accesibilidad e inclusión. Sin un mecanismo de seguimiento y coordinación, las demandas del colectivo quedan desatendidas, dificultando la implementación de estrategias integrales que garanticen la defensa de sus derechos fundamentales.
Resulta paradójico que, mientras el portal del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) mantiene la referencia al consejo como el instrumento idóneo para el estudio y la definición de líneas de actuación coherentes, la realidad administrativa sea de una opacidad absoluta. La falta de información actualizada sobre la actividad de este ente no solo contraviene el espíritu de la normativa insular, sino que priva a las personas con discapacidad de Tenerife de una herramienta de participación democrática imprescindible para incidir en la agenda política del Cabildo. En última instancia, la situación pone de relieve una brecha significativa entre la planificación normativa y la ejecución real de las políticas de bienestar social en la isla.