Juicio en Tenerife contra dos acusados por el alijo de 1,4 toneladas de hachís valoradas en 2,6 millones

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo martes el juicio contra dos ciudadanos marroquíes, cuya detención ha puesto de manifiesto una vez más la presión que ejercen las redes de narcotráfico sobre el litoral canario. Tal y como ha trascendido a través de los escritos de acusación, el Ministerio Fiscal reclama una pena de seis años de prisión para cada uno de los procesados, a quienes se les atribuye la responsabilidad directa en el transporte de una partida de estupefacientes valorada en más de 2,6 millones de euros.

El caso, que se dirimirá en sede judicial la próxima semana, tiene su origen en la interceptación de una embarcación neumática que se encontraba encallada en las inmediaciones de la costa tinerfeña. Los agentes actuantes hallaron en el interior de la zódiac 49 fardos que contenían un total de 1.418,21 kilos de hachís. Según la tesis de la Fiscalía, los dos hombres, que carecían de documentación y de antecedentes penales en el momento de su arresto, habrían operado la embarcación con el propósito deliberado de alijar la mercancía para su posterior distribución por parte de terceros.

Desde una perspectiva jurídica, el Ministerio Público fundamenta su petición de condena en un delito contra la salud pública, aplicando dos agravantes determinantes: la notoria importancia de la cantidad de sustancia incautada y la utilización de un medio de transporte marítimo para la introducción de la droga en el territorio insular. Además de la privación de libertad, la acusación solicita la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el cumplimiento de la pena, el abono de las costas procesales y la destrucción del material estupefaciente una vez que el fallo adquiera firmeza. Asimismo, se ha interesado el decomiso de los terminales móviles incautados a los acusados durante la operación policial.

Este procedimiento judicial subraya la complejidad de la vigilancia fronteriza en el archipiélago, donde el uso de embarcaciones neumáticas para el tráfico de sustancias ilícitas sigue siendo una modalidad recurrente. La ausencia de una petición de multa económica por parte de la Fiscalía, centrada en este caso en la responsabilidad penal directa, marca una particularidad en la estrategia de acusación frente a este tipo de delitos de gran escala. La resolución de este juicio servirá para determinar el grado de implicación de los dos encausados en una estructura logística diseñada para el desembarco de grandes cantidades de droga en las costas de Tenerife.