Piden 13 años de cárcel para un trabajador de un centro de discapacidad en Tenerife por agresión sexual

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo 1 de julio el inicio de un proceso judicial que pone el foco en la seguridad y los protocolos de protección dentro de los centros sociosanitarios. Tal y como ha trascendido a través de la documentación judicial, la Fiscalía ha formalizado una petición de 13 años de cárcel para un trabajador de un centro de atención a personas con discapacidad, al que atribuye la comisión de dos delitos de agresión sexual contra una interna.

El caso, que ha generado una notable preocupación por la posición de garante que ostentaba el procesado, subraya la extrema fragilidad de los usuarios en entornos de cuidado. Según el relato del Ministerio Público, la víctima, que cuenta con un grado de discapacidad del 65% y diagnósticos de epilepsia y trastornos conductuales, presentaba una madurez cognitiva significativamente menor a su edad real. Este perfil, según la acusación, la situaba en una posición de vulnerabilidad absoluta, impidiéndole otorgar un consentimiento válido para cualquier tipo de interacción sexual. La Fiscalía subraya que el acusado, debido a su labor cotidiana en el centro, era plenamente consciente de estas limitaciones psíquicas, aprovechándose de ellas para perpetrar los hechos denunciados.

Más allá de la vertiente penal, el escrito de acusación introduce una dimensión relevante sobre la responsabilidad institucional. El Ministerio Público ha señalado al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo dependiente del Cabildo de Tenerife, como responsable civil subsidiario. Esta figura jurídica se invoca debido a que la entidad para la que prestaba servicios el encausado mantenía un convenio de colaboración con el IASS para la atención de personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta. En caso de una sentencia condenatoria, esta previsión legal permitiría que la administración pública responda económicamente de la indemnización de 20.000 euros solicitada para la víctima, en el supuesto de que el autor directo no pudiera hacer frente a la misma.

El impacto de estos hechos, según los informes periciales integrados en la causa, ha dejado secuelas psicológicas en la mujer, quien presenta cuadros de ansiedad y una merma en su autoestima. El juicio, que se celebrará en las próximas semanas, servirá para dirimir la veracidad de las acusaciones y determinar el alcance de la responsabilidad tanto del individuo como de la estructura organizativa que debía velar por la integridad de la interna.