La Fiscalía pide cinco años de cárcel para un reincidente por tráfico de drogas en Tenerife
La Fiscalía solicita cinco años y tres meses de prisión para un reincidente acusado de traficar con cocaína en Santa Cruz de Tenerife, tras ser interceptado con casi 80 gramos de la sustancia.
La reincidencia en delitos contra la salud pública vuelve a situar el foco en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde el próximo 6 de mayo se celebrará una vista oral que pone a prueba la aplicación de los agravantes en el Código Penal español. Según ha trascendido a través de la documentación remitida por el Ministerio Fiscal, la acusación pública solicita una pena privativa de libertad de cinco años y tres meses para un individuo al que se le atribuye la comercialización de sustancias estupefacientes.
El caso, que se sustenta en una intervención policial previa, detalla la incautación de casi 80 gramos de cocaína —concretamente 79,5 gramos— con un índice de pureza del 80%. Las estimaciones periciales integradas en el escrito de acusación valoran el posible rédito económico de esta partida en 4.300 euros, cantidad a la que se suma la intervención de 485 euros en metálico. La Fiscalía, además de la pena de prisión, reclama una sanción pecuniaria de 12.000 euros para el procesado.
La clave de la petición fiscal reside en el historial delictivo del encausado, quien ya cumplió una condena previa de tres años por hechos de naturaleza análoga. Este antecedente es el que permite al Ministerio Público aplicar el tipo agravado por reincidencia, un elemento que endurece significativamente la horquilla punitiva en los delitos de tráfico de drogas.
Los hechos que motivaron la apertura de este procedimiento se remontan a una patrulla rutinaria en la que los agentes observaron a tres individuos en una actitud que despertó sus sospechas. La intervención se precipitó cuando el ahora acusado intentó eludir la acción policial mediante una huida a pie, maniobra que resultó infructuosa tras ser interceptado y sometido a un registro personal por parte de los funcionarios. Este episodio judicial subraya la persistencia de las redes de menudeo en el archipiélago y la respuesta del sistema penal ante quienes, habiendo pasado ya por el sistema penitenciario, vuelven a incurrir en actividades ilícitas de distribución de estupefacientes.