Juicio en Tenerife contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor cerca de su colegio

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo lunes, a partir de las 09:30 horas, la vista oral contra un varón acusado de un delito de agresión sexual cometido contra una menor de edad. Tal y como ha trascendido a través de la información publicada por medios locales, el Ministerio Fiscal ha formalizado una petición de cuatro años de prisión para el encausado, al considerar probada la gravedad de los hechos ocurridos en las proximidades de un centro educativo de la capital tinerfeña.

El relato de la acusación pública sitúa el origen del suceso en una dinámica de acecho previo, durante la cual el procesado habría vigilado las rutinas de la víctima en el entorno escolar. Según el escrito de calificación, el episodio se desencadenó cuando el individuo interceptó a la joven en la vía pública mientras esta regresaba de sus clases, momento en el que se produjo el contacto físico no consentido. La intervención de un tercero, alertado por la propia menor, resultó determinante para que el agresor desistiera de su actitud.

Este caso pone de relieve la aplicación de los protocolos de protección a menores en el ámbito penal, que incluyen medidas cautelares de alejamiento y comunicación. De hecho, el juzgado de guardia ya dictaminó con anterioridad la prohibición expresa de que el acusado se aproxime a menos de 200 metros de la víctima o del centro docente, una medida orientada a garantizar la seguridad y la integridad psicológica de la afectada. La denuncia inicial, interpuesta por el abuelo de la menor, fue posteriormente ratificada en sede judicial por la madre, consolidando el procedimiento que ahora llega a la fase de enjuiciamiento.

Más allá de la pena privativa de libertad solicitada, la Fiscalía ha instado a que el acusado sea condenado al abono de una indemnización de 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados. Asimismo, el Ministerio Público reclama que el procesado sufrague los gastos derivados de cualquier asistencia médica o psicológica que la menor haya requerido o precise en el futuro para su recuperación emocional, un aspecto que subraya la importancia de la reparación integral en los delitos contra la libertad sexual.