La Audiencia de Tenerife avala la recuperación de 900.000 euros a afectados por el caso Arbistar
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha validado el derecho de seis afectados por el caso Arbistar a recuperar 900.000 euros, aunque los expertos advierten sobre la escasa viabilidad real de cobrar estas indemnizaciones debido a la falta de fondos líquidos.
La reciente resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, adelantada por diversos medios locales, pone de manifiesto la complejidad procesal que rodea al caso Arbistar, una de las mayores tramas de fraude con criptoactivos en España. El tribunal ha validado el derecho de seis afectados a recuperar cerca de 900.000 euros, una cifra determinada por la valoración de los activos digitales en septiembre de 2021, momento en el que se formalizó la demanda ante los juzgados de Arona.
Este pronunciamiento judicial subraya la divergencia de estrategias legales empleadas por los miles de perjudicados. Mientras que la mayoría ha optado por la vía penal —donde la Audiencia Nacional ya ha dictado penas de prisión de hasta 16,5 años para los principales responsables por delitos de estafa y organización criminal—, un grupo minoritario ha buscado el resarcimiento a través del orden civil. No obstante, la propia Audiencia Provincial ha marcado límites claros al desestimar las pretensiones de otros ocho inversores representados por administradores societarios, al determinar que, en estos supuestos, la competencia recae exclusivamente en los juzgados de lo mercantil, en línea con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en 2012 sobre la responsabilidad de los administradores bajo la Ley de Sociedades de Capital.
La viabilidad real de estas recuperaciones económicas se enfrenta, sin embargo, a un horizonte sombrío. Expertos en la materia, como la letrada Conchi Viera —quien coordina la defensa de 1.800 afectados en el procedimiento penal—, advierten de que la capacidad de cobro es prácticamente inexistente. La escasez de fondos líquidos localizados, sumada a la prelación de créditos que favorece a la Hacienda Pública y a los acreedores que ya cuentan con sentencias firmes en el ámbito penal, complica la ejecución efectiva de estos fallos civiles.
El caso Arbistar, que suma un perjuicio estimado de 200 millones de euros para unos 32.000 damnificados, continúa generando una intensa actividad judicial. A la causa principal se añade ahora una pieza separada centrada en el blanqueo de capitales, que involucra a los diez imputados iniciales. La resolución tinerfeña, al revocar decisiones previas que cuestionaban la competencia jurisdiccional, intenta poner orden en un litigio marcado por la dispersión de recursos y el riesgo constante de sentencias contradictorias, un desafío recurrente en los procesos de insolvencia y fraude masivo que involucran a múltiples instancias judiciales.