La Audiencia de Tenerife ordena repetir un juicio por maltrato animal en Arico tras anular una absolución

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado la repetición de un juicio por maltrato animal tras estimar el recurso interpuesto por una entidad de protección, una decisión que pone en entredicho la sentencia absolutoria dictada previamente por un juzgado de lo Penal. Tal y como recoge la resolución judicial, el tribunal superior ha detectado deficiencias sustanciales en la valoración de las pruebas presentadas durante la vista oral, lo que obliga a reabrir el proceso contra un varón de 68 años, propietario de una finca en el municipio tinerfeño de Arico.

El núcleo de la controversia reside en la desatención que sufrieron once canes, entre ellos cinco ejemplares de podenco canario, hallados en las instalaciones del investigado. La intervención policial, iniciada en 2018, permitió documentar un escenario de precariedad sanitaria y alimentaria: los animales carecían de una dieta sólida adecuada, presentaban infestaciones parasitarias y habitaban en un entorno con una higiene deficiente, donde la acumulación de excrementos era constante. La falta de estructuras de protección frente a las condiciones climáticas y la ausencia de control sobre los ejemplares, que circulaban sin sujeción por el recinto, completaban el cuadro de abandono denunciado.

La decisión de la Audiencia Provincial se fundamenta en la omisión de testimonios periciales clave durante el primer juicio. El tribunal ha considerado que no se otorgó el peso necesario a las declaraciones de los expertos veterinarios, quienes acreditaron que el estado de los animales —con signos evidentes de desnutrición, deshidratación y una marcada prominencia ósea incompatible con la morfología natural de la raza— constituía una forma de maltrato por omisión de cuidados básicos. Asimismo, la resolución subraya la contradicción detectada entre el informe policial inicial y el testimonio posterior de los agentes, quienes en sede judicial describieron una situación de insalubridad extrema, incluyendo el hallazgo de un ejemplar fallecido y conductas de coprofagia entre los perros supervivientes.

Este caso vuelve a situar en el debate público la eficacia de la protección penal frente al maltrato animal en España, especialmente en lo relativo a la interpretación de la negligencia en el cuidado de mascotas. La anulación del fallo inicial subraya la importancia de una valoración rigurosa de las pruebas periciales en los delitos de esta naturaleza, donde la línea entre la enfermedad y la inanición derivada de la desatención humana resulta determinante para la calificación jurídica de los hechos. La repetición del juicio deberá ahora dirimir si la muerte de uno de los animales fue consecuencia directa de la falta de asistencia del procesado, un extremo que la sentencia absolutoria anterior no llegó a considerar probado.