La Audiencia de Tenerife ordena el ingreso en prisión del cabecilla de una red de falsificación documental

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha endurecido la respuesta penal frente a una red dedicada a la falsificación documental y el fraude, elevando la condena del cabecilla de la trama de dos años a dos años y medio de prisión. Según la información difundida por medios locales, esta resolución judicial revoca la suspensión de la pena privativa de libertad que se había concedido inicialmente, al considerar que la reparación económica efectuada por el encausado no alcanza el umbral necesario para aplicar la atenuante que evitaba su ingreso en el centro penitenciario.

El tribunal ha determinado que la cuantía reintegrada por el principal responsable —3.900 euros de un total defraudado que asciende a casi 13.000 euros— resulta insuficiente para compensar el daño causado a las al menos 16 víctimas identificadas. Este endurecimiento de la sentencia se ve agravado por la reincidencia del condenado, quien acumula tres sentencias firmes posteriores a los hechos juzgados, los cuales se desarrollaron entre finales de 2016 y 2019.

La operativa de la organización se basaba en la suplantación de la confianza institucional. El líder de la trama se presentaba ante sus víctimas como un intermediario con acceso privilegiado a la Jefatura Provincial de Tráfico y a las oficinas de Extranjería, prometiendo la obtención de permisos de residencia por arraigo familiar y autorizaciones temporales de conducción. Para dotar de verosimilitud a la estafa, contaba con un colaborador encargado de la manufactura de los documentos falsos en su domicilio y de la gestión de citas en portales oficiales, lo que servía para enmascarar la naturaleza ilícita de la actividad.

La investigación ha puesto de manifiesto la precariedad técnica de los documentos entregados, que carecían de elementos de seguridad, sellos oficiales o códigos de verificación, presentando incluso errores tipográficos. A pesar de ello, el grupo logró captar sumas que oscilaban entre los 300 y los 3.600 euros por cada gestión fraudulenta. Un tercer implicado, que actuaba como captador de clientes, fue condenado a diez meses y quince días de prisión, beneficiándose de la atenuante de reparación del daño tras haber devuelto parte del dinero a los afectados.

El alcance de esta red, que operaba mediante la captación directa y el uso de plantillas falsificadas, quedó evidenciado durante los registros domiciliarios realizados en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En dichas intervenciones, las autoridades incautaron documentación apócrifa vinculada a cerca de 80 personas, lo que sugiere que el número de perjudicados podría ser significativamente superior a los casos que han podido ser judicializados. La sentencia subraya la inexistencia de cualquier vínculo real entre los acusados y los organismos públicos, confirmando que el engaño se sostenía exclusivamente sobre la simulación de contactos y la creación de excusas ante los retrasos en la entrega de los permisos.