Juicio en Tenerife por una supuesta estafa hereditaria en El Rosario tras una compleja batalla pericial
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga a un hombre acusado de falsificar documentos para apropiarse de una finca y una vivienda en El Rosario, en un proceso marcado por la disparidad de los informes periciales sobre la autenticidad de las firmas.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha sido escenario esta semana de una compleja batalla pericial que pone en entredicho la legitimidad de una transmisión patrimonial en el municipio de El Rosario. Tal y como recoge la información publicada por El Día, el proceso judicial se centra en la validez de un contrato de compraventa y varios recibos de pago que, según la acusación, habrían sido fabricados para despojar a un heredero de una finca y una vivienda en Llano del Moro.
El núcleo del litigio reside en la imposibilidad de los expertos para alcanzar un consenso técnico sobre la autoría de las rúbricas que aparecen en la documentación aportada por el procesado. Mientras que una de las especialistas ha señalado indicios de manipulación en la firma atribuida al fallecido —aunque con reservas al haber trabajado sobre una copia—, otra perito ha defendido la autenticidad del trazo tras examinar los originales durante la fase de instrucción. La disparidad de criterios se completa con una tercera intervención que se limitó a analizar el cuerpo de escritura del acusado, siguiendo las directrices recibidas por el tribunal.
Este caso trasciende la mera disputa caligráfica, planteando un conflicto sobre la sucesión testamentaria. El Ministerio Público sostiene que el investigado urdió una trama para simular la adquisición de los bienes poco antes del deceso del propietario, contraviniendo la voluntad expresada en el testamento notarial. La Fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años de prisión y una multa de 7.200 euros por un delito de falsedad en documento privado, subrayando la inverosimilitud de que el acusado, quien percibía una pensión por incapacidad, dispusiera de 85.000 euros en efectivo para la operación.
La acusación particular ha elevado la gravedad de los hechos, solicitando una pena de nueve años de cárcel al ampliar la tipificación delictiva a robo, usurpación y daños. Esta parte ha valorado el conjunto de la finca de 2.000 metros cuadrados y la vivienda de 65 metros cuadrados en 346.000 euros, reclamando además una indemnización de 30.000 euros por daños morales y una compensación por el lucro cesante derivado de la explotación agrícola, cifrada en 17.330 euros anuales desde 2022.
Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución, argumentando que su cliente actuó como medianero y que la compra se financió mediante ahorros personales y apoyo familiar. La representación legal del acusado ha cuestionado la relación del heredero con el finado, una tesis que choca frontalmente con el testimonio de la exesposa del fallecido, quien ha ratificado el valor sentimental que el propietario otorgaba a sus tierras, negando cualquier intención de venta. La resolución de este caso dependerá ahora de cómo el tribunal valore estas pruebas contradictorias y la solidez de los documentos presentados, cuya apariencia formal ha sido calificada por la Fiscalía como irregular y carente de rigor.