Juicio en Tenerife: piden seis años de cárcel para un hombre acusado de estafar a una anciana con Alzheimer
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga a un hombre acusado de estafar 73.000 euros a una mujer con Alzheimer mediante transferencias fraudulentas y el uso indebido de su patrimonio.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido esta semana el juicio contra un hombre acusado de un delito de estafa agravada, un proceso en el que la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión y una indemnización de 73.000 euros, según ha informado la prensa local. El caso pone de relieve la vulnerabilidad de personas mayores ante supuestos abusos de confianza, un fenómeno que los tribunales españoles analizan con especial rigor cuando existen indicios de aprovechamiento de facultades cognitivas mermadas.
El núcleo de la controversia reside en la naturaleza de las transferencias económicas recibidas por el procesado. Mientras la defensa sostiene que se trató de un préstamo personal con un calendario de pagos mensual de 50 euros —lo que, de cumplirse, extendería la liquidación de la deuda a más de un siglo—, el Ministerio Público sostiene que se trata de una maniobra fraudulenta. La acusación pública ha presentado pruebas que apuntan a la falsificación de un documento privado con el objetivo de dotar de apariencia legal a una apropiación indebida de fondos.
La complejidad del caso se ha visto incrementada por la imposibilidad de escuchar el testimonio directo de la denunciante, quien padece Alzheimer, y el fallecimiento de la testigo principal. Ante esta situación, el tribunal ha validado la incorporación de las declaraciones prestadas durante la fase de instrucción. En dichos testimonios, la víctima describió un patrón de comportamiento que incluía el acceso no autorizado a su domicilio en Tenerife, el uso de sus suministros básicos y la ocupación de su vivienda familiar durante sus ausencias, llegando a referirse a ella ante terceros como una persona sin capacidad de discernimiento.
Más allá de las transferencias bancarias, el sumario detalla una operativa que afectó al patrimonio material de la afectada. El acusado habría utilizado el vehículo de la mujer para obtener financiación mediante contratos de empeño, una deuda que finalmente tuvieron que sufragar los familiares de la propietaria para evitar la pérdida del bien. La causa ha quedado vista para sentencia, dejando sobre la mesa el debate jurídico sobre la validez de los acuerdos privados cuando existe una disparidad evidente en la capacidad de obrar de las partes involucradas.