La Audiencia de Tenerife avala el juicio contra una macrored de narcotráfico en Canarias

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha despejado el camino para la apertura de juicio oral contra una red de narcotráfico de gran escala, desestimando los recursos presentados por una veintena de los 64 investigados en esta macrocausa. Según adelanta la documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio, el tribunal ha validado la instrucción, que se prolongó entre 2016 y 2018, al considerar que no existe indefensión material para los encausados, quienes han contado con acceso pleno a las diligencias y capacidad de proponer pruebas durante el proceso.

El caso, que se originó en un juzgado de La Laguna, pone el foco sobre una estructura criminal que operaba con una logística propia de una empresa, utilizando empresas de estiba para introducir sustancias estupefacientes procedentes de Sudamérica a través de puertos y aeropuertos de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. La Fiscalía, en su escrito de acusación presentado el pasado septiembre, solicita penas que alcanzan los 14 años de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, además de sanciones económicas millonarias. Ante esto, las defensas han comenzado a articular sus estrategias, centrando sus argumentos en la aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas.

La envergadura de la organización quedó patente en hitos operativos como la incautación de 170 kilogramos de droga en el puerto de Las Palmas en julio de 2017, un alijo valorado en más de seis millones de euros, o las transacciones detectadas por valor de 265.000 euros vinculadas a un grupo asentado en el barrio tinerfeño de Añaza. La investigación, que comenzó con 55 procesados y ha terminado consolidando una lista de 64 personas, subraya la complejidad de desmantelar redes que operan de forma sincronizada entre islas.

Este procedimiento es un ejemplo de la creciente dificultad que enfrentan los tribunales canarios para gestionar macrocausas de narcotráfico, donde la dispersión geográfica de los implicados y la sofisticación de los métodos de transporte —especialmente el uso de infraestructuras portuarias legales— complican la instrucción. La resolución de la Audiencia Provincial, al rechazar el archivo de la causa, marca un punto de inflexión: ahora corresponde a las defensas presentar sus escritos de oposición antes de que el magistrado decida formalmente sobre la celebración de la vista oral. La resolución final no solo determinará la responsabilidad penal de los implicados, sino que pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para resolver casos de esta complejidad tras años de tramitación procesal.