Preocupación en Santa Cruz de Tenerife por una pareja de octogenarios que vive en la calle pese a tener recursos
Una pareja de octogenarios con solvencia económica que pernocta en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife plantea un complejo desafío social y de salud mental ante la negativa a aceptar las alternativas habitacionales ofrecidas por el Ayuntamiento.
La situación de vulnerabilidad extrema que protagoniza una pareja de octogenarios en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife, tal y como ha informado recientemente la prensa local, pone de relieve las grietas en el sistema de atención social cuando la problemática trasciende la mera falta de recursos económicos. El caso, que se desarrolla en el tramo comprendido entre la plaza de la Paz y la calle Ramón y Cajal, plantea un desafío complejo para las administraciones locales, al tratarse de personas que, a pesar de contar con solvencia financiera y una vivienda en propiedad en el sur de la isla, han optado por pernoctar en la vía pública durante los últimos tres meses.
La convivencia en este enclave urbano se ha visto alterada por la presencia constante de estos ciudadanos, quienes han ocupado el mobiliario público con enseres personales y residuos, generando una creciente inquietud entre los residentes. Reynaldo González, portavoz de la asociación vecinal La Rambla, ha denunciado la inacción institucional, subrayando que la situación ha superado la capacidad de respuesta de los particulares. Según el representante vecinal, el entorno se ha convertido en un foco de insalubridad frente a un área de juegos infantiles, lo que ha derivado en quejas formales por conductas inadecuadas en los espacios ajardinados.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se admite la singularidad de este expediente. La administración municipal argumenta que, al no estar empadronados en la capital, los afectados no cumplen con los criterios administrativos para acceder a las plazas del Centro de Acogida Municipal. No obstante, fuentes municipales aseguran que la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA) ha intervenido en reiteradas ocasiones, ofreciendo alternativas habitacionales como pensiones o el albergue municipal, propuestas que han sido rechazadas sistemáticamente por la pareja, quienes insisten en su deseo de permanecer en la capital sin precisar los motivos de su desarraigo.
Este escenario evidencia la dificultad de aplicar protocolos estándar de exclusión social cuando el individuo conserva su autonomía y capacidad económica, pero presenta una conducta que sugiere la necesidad de una evaluación desde el ámbito de la salud mental. La persistencia de este caso subraya la urgencia de una coordinación más estrecha entre los servicios sociales municipales y las unidades de salud mental del Gobierno de Canarias, con el fin de determinar si existe una patología subyacente que condicione esta decisión, más allá de la voluntad personal, y garantizar así tanto la dignidad de los afectados como la salubridad y convivencia del espacio público.