El Cabildo de Tenerife pide al Gobierno central blindar el acceso de menores a redes sociales mediante verificación de edad
El Cabildo de Tenerife insta al Gobierno central a implementar mecanismos de verificación de edad y controles parentales obligatorios para blindar el acceso de los menores a las redes sociales ante el creciente riesgo de tecnoadicción y exposición a contenidos inadecuados.
La reciente moción institucional aprobada por el Pleno del Cabildo de Tenerife marca un punto de inflexión en el debate sobre la gobernanza digital en España, al elevar a la esfera política la necesidad de blindar el acceso de los menores a las redes sociales. Tal y como recoge la Corporación insular, la propuesta traslada al Ejecutivo central la urgencia de implementar mecanismos de verificación de edad robustos, con la Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet) como eje vertebrador para restringir el uso de plataformas a perfiles no autorizados.
Este movimiento responde a una realidad estadística que, en el caso de Tenerife, arroja cifras de penetración tecnológica casi universales. Con una conectividad en los hogares que roza el 97% y una tasa de uso de la red superior al 95% en la franja de edad de los 10 a los 15 años, la administración insular advierte sobre la vulnerabilidad de los menores ante un entorno digital sin filtros. La preocupación se agudiza al constatar que siete de cada diez niños de 12 y 13 años ya disponen de un terminal propio, un escenario donde un 10% de los usuarios presenta síntomas compatibles con la tecnoadicción y cerca de tres cuartas partes de los adolescentes reconocen haber afrontado riesgos como el contacto con desconocidos o la visualización de material inadecuado.
El planteamiento del Cabildo no se limita a la restricción técnica, sino que aboga por una arquitectura de seguridad integral. La exigencia de un control parental obligatorio para los menores de 16 años y la creación de una licencia digital supervisada —en colaboración con el Gobierno de Canarias— se alinean con las directrices europeas que buscan mitigar los efectos adversos de la hiperconectividad. El diagnóstico de la institución es claro: la exposición prolongada a la comparación social y al flujo ininterrumpido de contenidos está correlacionada con un deterioro en la salud mental de los jóvenes, manifestado en cuadros de ansiedad, depresión y alteraciones del descanso.
Más allá de la vertiente regulatoria, la iniciativa contempla un despliegue de políticas de sensibilización familiar para fomentar un uso responsable de las herramientas digitales. Desde la perspectiva de los promotores de la moción, estas medidas no deben entenderse como un recorte de derechos, sino como una salvaguarda necesaria frente a los riesgos estructurales de un ecosistema que, hasta la fecha, ha carecido de una supervisión efectiva. La propuesta sitúa así a Tenerife como un actor relevante en la demanda de un marco normativo estatal que armonice la protección del menor con el desarrollo tecnológico.